El Consell aumentará los controles en la Intervención para evitar las filtraciones

Que en el Gobierno valenciano hay malestar por las filtraciones de documentos elaborados por la Intervención de la Generalitat sobre entidades relacionadas con el Ejecutivo de Alberto Fabra, es evidente. Hay malestar de consellers hacia el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, porque, afirman, «se le ha escapado de las manos» este organismo. A ello añadió ayer la consellera portavoz, María José Catalá, que también hay preocupación en el Consell.

A pesar de ese malestar interno, que se reconoce en privado, y de la preocupación por las filtraciones, como se ha destacado en público, el Ejecutivo autonómico valenciano ha descartado adoptar medidas que vayan más allá de aumentar los controles internos para evitar que se difundan los documentos que tienen carácter reservado. Tampoco habrá denuncia judicial de por medio. Lo descartó Catalá. Y mucho menos destituciones.

«Sabemos perfectamente quién ha controlado esos documentos y, en principio, no vamos a abrir ningún tipo de investigación. No obstante, nos hemos visto obligados a recordar que no son oportunas las filtraciones», aseguró la consellera portavoz durante su comparecencia para dar cuenta de los asuntos tratados en la reunión del Gobierno valenciano.

Y a pesar de saber «quién ha controlado» esos documentos que se han ido filtrando, María José Catalá no dudó al asegurar lo que van a hacer desde el Consell: «Reforzaremos el control sobre la documentación». Nada de adoptar otro tipo de medidas.

Los informes que han causado dolores de cabeza en el Consell y en el PPCV, y han servido para señalar al titular de Hacienda, porque orgánicamente la Intervención de la Generalitat depende de esa conselleria, son los de las obras de ampliación de Feria Valencia, el de la Fundación del Palau de les Arts, otro sobre la empresa pública Vaersa y el último de ellos, el de los colegios concertados. Todos ellos están firmados por el viceinterventor de control financiero. Los tres primeros han servido para abrir o añadir a causas judiciales que afectan directamente al PP o al Gobierno valenciano. El último pone en cuestión uno de los pilares del Consell: el funcionamiento de la escuela concertada y, por ende, la libertad de elección de centro. Y eso, a pesar de que de los 420 centros concertados solamente la intervención analizó cuatro y generalizó sus conclusiones.

¿Se ha perdido la confianza en ese viceinterventor? La contestación de Catalá dejó la responsabilidad en manos de Moragues: «Mientras esté en el cargo seguirá teniendo la confianza».

«Estamos preocupados por la filtración de documentos, eso es más que evidente, porque son documentos que se hacen para mejorar la administración de fondos públicos y, sobre todo, porque después se hacen interpretaciones, como ha sucedido». Unas interpretaciones que Catalá considera «que son injustas para colectivos, o para sectores de gestión, como es el caso de la escuela concertada», incidió la portavoz del Gobierno valenciano.

«Estamos intentando recordar a todos los funcionarios que trabajan para una administración pública el deber de lealtad y que no es lo más adecuado que se produzcan filtraciones de documentos, sobre todo porque pueden dar pie a opiniones sesgadas o a generalizar casos si no son generalizables», insistió la también consellera de Educación, Cultura y Deporte.

Catalá, como portavoz del Consell, reclamó lealtad y «mucho rigor» a los empleados públicos de la Generalitat. Y como el pasado miércoles hizo el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, también solicitó a los funcionarios que ejerzan «el deber de sigilo», un comportamiento que tendría que ser el habitual, «que no debería ser necesario pedir, pero nos hemos visto obligados a hacerlo».

Destacó también que es «muy importante» para una administración «funcionar con total confianza» e insistió en la preocupación por la continuación de las filtraciones.