La Fiscalía atribuye a la ejecutiva del Lucentum una deuda de 6,2 millones

El expresidente del Lucentum Miguel Cano, ayer a su salida de los juzgados./
El expresidente del Lucentum Miguel Cano, ayer a su salida de los juzgados.

La administración concursal y el Ministerio Público mantienen que hubo irregularidades «graves» de ocultación de información antes de solicitar el concurso

LUIS CANDELAAlicante

La comisión ejecutiva al completo permitió que el Lucentum se arruinarse, aún más, al no solicitar el concurso de acreedores con las nefastas cuentas de la temporada 2008-2009. Así lo creen firmemente el administrador concursal que se hizo cargo de la entidad y el Ministerio Público en la conclusión del juicio mercantil celebrado ayer. Dicha comisión la integraban el presidente de entonces, Miguel Cano, la vicepresidenta primera, María José Patón, ambos con poderes para administrar las cuentas, así como el concejal de Hacienda de Alicante, Juan Seva, los exdirectores de Ciudad de la Luz José María Rodríguez Galant y Elsa Martínez, y el diputado nacional del PP José López Garrido.

De estimarse las reclamaciones del demandante, estos deberían hacer frente de su bolsillo a una cantidad cercana a los 5 millones de euros y se enfrentarían a penas de inhabilitación. El Juzgado de lo Mercantil 2 de la capital alicantina acogió ayer la reanudación del juicio para depurar responsabilidades por la ruina del Lucentum.

Tanto los administradores concursales como el Ministerio Público concluyeron que los miembros de la comisión, a quienes se les habían delegado funciones para gestionar el equipo, han provocado un agujero de 6,2 millones de euros en el patrimonio por su gestión después de auditar las cuentas que recibieron tras la solicitud de concurso y las que obran actualmente. Por tanto, solicitaron al juez que estime la demanda e imponga penas de dos años de inhabilitación a los siete implicados.

No obstante, la representante del fiscal distinguió dos bandos, que han salido a la luz a lo largo del juicio y que estaban conformados por un lado por Cano y Paton y, por el otro, por los responsables políticos. Estos últimos trataron con sus testimonios de atribuir al expresidente y la exvicepresidenta la total responsabilidad del hundimiento del club. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que ellos dos «fueron quienes más lucharon por solventar la situación».

Los responsables políticos de la comisión ejecutiva quisieron dejar claro con sus declaraciones que no gestionaban el día a día del Lucentum. De hecho, Juan Seva se erigió como un mero intermediario entre el equipo y el Ayuntamiento. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la responsabilidad de la ruina fue de todos ellos. Para ello, alude a las actas de las reuniones por las que se atribuyeron los miembros de la comisión funciones incluso para fichar y contratar jugadores y responsables deportivos y técnicos para el club de baloncesto alicantino.

Antes de los informes finales de las acusaciones y del resto de partes, dos peritos encargados por estas últimas quisieron hacer ver que el ocultamiento de una deuda de 300.000 euros a Hacienda en las cuentas computa como «un error» y no como «unas irregularidades relevantes e inexactitudes graves» a ojos del administrador concursal. De hecho, uno de los expertos adujo que la situación del Club Baloncesto Lucentum Alicante no empeoró, sino que mejoró. Unas intervenciones minimizadas por los demandantes por haber estudiado solo la documentación aportada por los gestores del club y no la de los administradores concursales.

Del mismo modo, la defensa de los administradores concursales, y también la Fiscalía al adherirse a sus manifestaciones, entienden que allá por octubre de 2008 y junio de 2009 ya se contaba con la suficiente información como para declarar la situación de insolvencia y dejar el barco en manos de quienes pudiesen reflotarlo, algo que no ocurrió. De nada sirvió que los ingresos por taquillas y las subvenciones previstas no fuesen suficientes como para saldar los gastos diarios y las deudas con la Agencia Tributaria y la Administración de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, el proceso ha servido para comprobar la casi total dependencia del club de baloncesto de las subvenciones públicas. Un dinero jugoso que acostumbraba a llegar con retraso, lo que lastró más si cabe la situación económica. La Generalitat Valenciana, Ciudad de la Luz, así como el máximo accionista del Lucentum, el Ayuntamiento de Alicante, aprobaban pagos anuales que los gestores debían financiar ante la demora para que el capital llenase las arcas del maltrecho, económicamente hablando, equipo. Porque si bien es cierto que a nivel deportivo se vivían días de gloria, con el ascenso a la ACB, no significó una mejora en los balances ni las cuentas.

Los jugadores cobraban fuera de tiempo. Tanto es así, que las acusaciones afirman que en tres meses seguidos los empleados no recibieron sus nóminas, un requisito con el que ya se puede declarar la solicitud de concurso, aunque no se hizo.

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