El Congreso da luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual

El Congreso da luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual

Los usuarios que faciliten enlaces a webs con contenidos pirateados también serán responsables del delito

DANIEL ROLDÁNMADRID

La Ley de Propiedad Intelectual dio ayer su primer paso en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Cultura, con competencia legislativa plena, aprobó el texto aunque con el único apoyo del Partido Popular. Toda la oposición criticó la falta de diálogo del partido gobernante. No obstante, el portavoz popular Juan de Dios Ruano aseguró que el texto está todavía abierto y que en el debate parlamentario que se producirá en el Senado tras el parón veraniego se podrán «buscar consensos» en esta ley, que defiende que los agregadores de noticias deban pagar una compensación económica a los editores por el uso de contenidos protegidos por el derecho de autor, mantiene la actual financiación de la copia privada (con cargo a los Presupuestos Generales del Estado) y aumenta el número de responsables en caso de piratería de productos con derecho.

Compensación. Los agregadores de noticicas deberán pagar una compensación a los editores por el uso de contenidos protegidos por los derechos de autor

Copia privada. La ley defiende que los Presupuestos paguen esta tasa, mientras que la oposición la rechaza. Piden que sea el usuario de una copia privada o el sector quien la abone y no sean todos los contribuyentes.

Fragmentos de texto. La oposición criticó las cortapisas a que se difundan textos y al pago, en estos casos, de derechos de autor.

A pesar de las diferencias, los grupos parlamentarios acordaron nueve enmiendas transaccionales que afectan a las entidades de gestión -para fomentar la promoción y la educación en el consumo de oferta digital legal- y en la resolución de los casos de piratería, ya que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) tenga que pronunciarse. No habrá silencio administrativo sino fecha de caducidad y podrá intervenir siempre y cuando haya un nivel «apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen asimismo apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas». Con este acuerdo, «se refuerzan los poderes de la comisión de propiedad intelectual, en su sección segunda, facilitándose que los autores que se sientan vulnerados en su derechos de autor puedan acudir a la vía civil», apuntó el portavoz popular.

Esta nueva ley, que pretende adecuar la legislación española a dos directivas europeas de 2011 y 2012, incluye una compensación económica para los editores por el uso por parte de los agregadores de noticias de aquellos contenidos que están protegidos por el derecho de autor. No obstante, la Izquierda Plural y UPyD se mostraron en contra de esta compensación, mientras que socialistas y convergentes han pedido que se amplíe a periodistas y fotógrafos. Esta reparación estará establecida por el Centro Español de Derechos Reprográficos. Una vez publicada ley en el BOE, se abrirá un plazo de tres meses para fijar la compensación. Si no se llega a un acuerdo, será la Sección Primera de la CPI la encargada de fijar la tarifa. La ley contempla también un reforzamiento del CPI y una ampliación de las responsabilidades en caso de piratería. De esta manera, se perseguirá a los alojadores de servicios y contenidos ilegales y a aquellos usuarios que redirijan o faciliten los enlaces a estas webs con contenido protegido en su autoría. Las penas irán desde los 30.000 a los 300.000 euros.

Copia privada

Esta nueva norma también incluye un apartado para el uso de obras protegidas en la enseñanza y la investigación. Todos los partidos de la oposición la han criticado, ya que no será necesario la aprobación expresa del autor cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de fragmentos, como capítulos de libros o artículos de revistas. La ley indica que la remuneración al autor se deberá tramitar a través de las entidades de gestión. Por otra parte, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la enseñanza: será gratuito siempre que los profesores o ponentes ofrezcan un enlace a una web donde se pueda descargar de forma legal.

Los populares no encontraron ningún apoyo entre los partidos minoritarios. Amaiur, Esquerra Republicana, PNV, UPyD e Izquierda Plural esgrimieron argumentos similares para rechazar la reforma parcial de la LPI. Las principales discrepancias con el texto gubernativo en el pago de la copia privada. Rechazaron que los Presupuestos Generales del Estado sean los encargados de pagar este concepto. «¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes las copias que no realizan?», se preguntó Joseba Agirretxea, portavoz del PNV; misma cuestión ha planteado el portavoz de ERC, Joan Tardà, mientras que la portavoz convergente Montserrat Surroca pidió al Ejecutivo que dé «una vuelta» a esta tasa. El portavoz socialista, Andrés Torres, también se unió a las voces críticas -«No parece justo»- además de solicitar una «verdadera política» que defienda a las industrias culturales.

Otro de los aspectos más criticados es la falta de consideración hacia el 'copyleft', cuando el autor permite la libre distribución de su obra. «Ahora quiera no se quiera, se va a cobrar. Es una ley demasiado conservadora e intervencionista», apuntó Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de la formación magenta.