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La alcaldesa, Sonia Castedo, durante un acto de la Policía Nacional y a la derecha el juez del 'caso Rabasa', Juan Carlos Cerón.
La Audiencia frena el último intento de Ortiz para tumbar el 'caso Rabasa'

La Audiencia frena el último intento de Ortiz para tumbar el 'caso Rabasa'

La decisión de la Sala, que desestima el recurso del constructor para anular las escuchas de la causa, reactiva las pesquisas del mayor plan urbanístico de Alicante

Luis Candela

Miércoles, 21 de mayo 2014, 11:38

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El juez que investiga las presuntas irregularidades del macroplan para urbanizar en las Lagunas de Rabasa de la ciudad de Alicante ya puede continuar indagando. Esto es así después de que la Audiencia Provincial se haya pronunciado en contra de anular las escuchas telefónicas en las que el entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y la actual primera edil, Sonia Castedo, hablaban sin pudor con el empresario Enrique Ortiz para presuntamente acelerar la construcción de 13.500 viviendas e implantar la multinacional del mueble Ikea en el Plan Parcial.

La defensa de Ortiz presentó en enero un recurso de apelación en el que planteaba la cuestión de si las conversaciones se obtuvieron de forma lícita, para proceder a su posible anulación. No obstante, el recurso no aborda de forma explícita este asunto, pese a que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia observa la «evidente pretensión», como señala en su auto, al que ha tenido acceso este diario, de dar al traste con los pinchazos telefónicos. Por tanto, la sede provincial ha decidido fallar como en veces anteriores y ha desestimado la apelación del empresario alicantino.

Los pinchazos telefónicos ya obran en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital alicantina y su titular, Juan Carlos Cerón, puede continuar con la práctica de diligencias que esclarezcan si desde el Ayuntamiento de Alicante se gestionó en favor de Ortiz. Sin embargo, hasta que la Audiencia resolviese la cuestión planteada por el dueño del Hércules Club de Fútbol, la instrucción del caso había quedado bloqueada.

En el auto remitido en el día de ayer a las partes, la Sala le dice a Ortiz que el asunto de las escuchas ya ha sido ampliamente abordado por varias secciones de la Audiencia Provincial de Alicante. Por esa misma razón, opta por desestimar la petición de anular los pinchazos aunque la cuestión «se plantee ante otro juzgado de instrucción y ante otra sección de esta misma Audiencia».

Sobre este asunto de las escuchas ya se pronunció en su momento la Sección Primera de la Audiencia en el mismo sentido que como lo hace ahora la Sección Tercera.

Al recurso presentado por Enrique Ortiz se sumaron varios denunciados más en la causa, los cuales han obtenido igual respuesta que el empresario alicantino.

A la espera de esta decisión, el magistrado, también decano del partido judicial de Alicante, había pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que concluyese en un plazo de treinta días su informe sobre el papel desempeñado por cada uno de los actores en este presunto 'pelotazo' urbanístico. Mediante la providencia fechada el 29 de abril, el juez dio un impulso a la investigación a la espera de la determinación de la Audiencia Provincial.

Mientras tanto, las pesquisas deberán seguirse en un juzgado alicantino tras la renuncia como diputados autonómicos del Partido Popular en Les Corts Valencianes de Alperi y Castedo. De este modo, exalcalde y alcaldesa pierden su situación de aforados, lo que hubiera obligado a proseguir con la instrucción del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La investigación de este macroplan se inició tras la denuncia de Esquerra Unida contra la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos del Partido Popular hasta hace escasos días, así como contra el empresario Enrique Ortiz, técnicos municipales, del Ministerio de Fomento y de la Generalitat por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Las escuchas intervenidas en el marco del 'caso Brugal', autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, permitieron elaborar esta pieza separada al margen de las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

La formación de izquierdas ha presentado numerosa documentación, admitida por Cerón, en la que se pone de manifiesto las jugosas ganancias que esperaba obtener Ortiz con la puesta en marcha del Plan Parcial y la llegada de Ikea a la ciudad.

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