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Castellano dice que la fiesta de Fin de Año en Alameda Palace está en vía judicial y no puede abrir proceso sancionador

Cerca de 300 jóvenes de entre 14 y 16 años se quedaron sin el cotillón porque que la empresa organizadora les impidió el acceso pese a tener las entradas correspondientes

EP

Miércoles, 26 de febrero 2014, 19:47

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El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha explicado este miércoles que su departamento "no puede iniciar ningún procedimiento sancionador" en relación a la supuesta estafa por la venta de entradas para la fiesta de Fin de Año en la sala Alameda Palace de la ciudad de Valencia porque "está en vía judicial".

Castellano se ha pronunciado de esta manera en la Comisión de Gobernación y Justicia de las Corts Valencianes con motivo de la pregunta formulada por el diputado socialista Rafael Rubio, para conocer las medidas adoptadas respecto a la fiesta de Fin de Año en la Sala Alameda Palace, en la que cerca de 300 jóvenes de entre 14 y 16 años se quedaron sin el cotillón porque que la empresa organizadora les impidió el acceso pese a tener las entradas correspondientes, que costaban entre 40 y 50 euros, y que permitían su acceso al establecimiento pese a no superar los 16 años.

El diputado socialista ha advertido de que "no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas" en la sala Alameda Palace, que "firma un contrato con la empresa organizadora que, a su vez firma otro acuerdo con una sociedad que vende las entradas" Así, hay tres operadores pero "en última instancia" es la empresa la que gestiona la sala y que presentó la "responsable última" de lo sucedido.

Además, Alameda Palace es una concesión del Ayuntamiento de Valencia y tiene prohibido, si no es con expresa autorización del consistorio, la cesión del uso para cualquier tipo de evento que no sea objeto de la concesión administrativa. Por eso, lamenta que la empresa "tenga la barra de decir que se siente estafada". Pero, es que esta cuestión "no se puede repetir", ha agregado.

El titular de Gobernación ha advertido de que "una cosa es la declaración responsable que es correcta --por parte de la empresa-- y otra cosa es que una empresa haga una venta ilegal de entradas, que no tiene nada que ver". De hecho, ha apuntado que la Policía "tiene conocimiento de la denuncia de los organizadores por una posible venta de entradas ilegales, que llevó a la detención de varios individuos" y eso a la apertura del proceso judicial.

Castellano, en este sentido, ha afirmado que la ley "es para todos" y "nuestra obligación es que se cumpla". Además, ha defendido la actuación de la Conselleria en este asunto, ya que se remitió a la declaración responsable del Alameda Palace, que "no ponía de manifiesto la concurrencia de ninguna circunstancia que alterase el régimen normal del procedimiento de declaración responsable".

Asimismo, ha señalado la correcta labor de la Policía, que inspeccionó el local para comprobar el cumplimiento de la legalidad vigente tanto en lo que se refiere a las condiciones del local como a las del público presente en el mismo, con el fin de comprobar que todas las personas asistentes fueran mayores de 16 años.

De hecho, advirtieron de la existencia de menores en el exterior del local, comprobando que los servicios de admisión estaban realizando correctamente sus funciones al impedir el acceso a los menores de 16 años, pese a que éstos disponían de la correspondiente entrada, ha agregado. RECLAMACION DE LA ENTRADA

Finalmente, el conseller ha señalado que las reclamaciones por la venta de entradas a menores "pertenecen al ámbito de las transacciones comerciales privadas" y "son los menores afectados y solo ellos, ya sea directamente, o a través de las organizaciones de consumidores, quienes tienen la posibilidad de seguir la vía judicial y conseguir, si procede, el reembolso".

En este punto, ha indicado que será Administración de Justicia quien se pronuncie sobre estos hechos, y "contará con toda nuestra colaboración para facilitar tanto el esclarecimiento de los hechos, como la satisfacción del interés público y, en su caso, los legítimos intereses privados que hayan sido vulnerados", ha declarado.

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