Ángel Sanchis: el tesorero que hizo las Américas

Campsa le quitó dos gasolineras en Badajoz por adulterar el carburante, creó un banco, tuvo que dimitir por el 'caso Naseiro' y trabó amistad con Luis Bárcenas, que ahora le ha implicado en el blanqueo de los 22 millones hallados en Suiza. La Policía sospecha que están en la inmensa finca que posee en Argentina

MARCELA VALENTEISABEL F. BARBADILLO
Ángel Sanchis: el tesorero que hizo las Américas

Ángel Sanchis Perales (Albal, Valencia, 1938) ya apuntaba maneras desde jovencito. Algunos vecinos de su pueblo natal aún recuerdan sus sonoros vuelos rasantes con la avioneta que él mismo pilotaba. A Ramón Marí, de 57 años y alcalde socialista de la localidad valenciana, se le quedaron grabadas en la memoria esas acrobacias que dejaban a niños y mayores boquiabiertos. «Yo tenía tres o cuatro años y en cuanto oíamos el ruido del motor ya sabíamos que llegaba al pueblo el hijo de Els Rafalets, apodo de la familia (en honor al padre, Rafael). Le encantaba hacerse notar», recuerda.

Ahora, a sus 74 años, el empresario y financiero valenciano daría un buen pellizco de su inmensa fortuna por pasar desapercibido y evitar que se le relacione con su amigo Luis Bárcenas. Ambos, extesoreros del PP. Ya pasó un mal trago cuando fue imputado en 1990 en el 'caso Naseiro', que investigaba la financiación irregular del partido y que le costó la dimisión como diputado.

Muy a su pesar, después de toda una vida dedicada a múltiples, variados y polémicos negocios en España, Argentina y Brasil vuelve a ser protagonista. Fue vinculado por el propio Bárcenas en el blanqueo de parte de los 22 millones de euros que retiró de un banco suizo en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel' (más corrupción política y cobro de comisiones por la adjudicación de obras). Sanchis estuvo en Ginebra por aquellas fechas y la Policía sospecha que parte de ese jugoso saldo suizo fue a parar a La Moraleja, el imperio agrícola que ha montado en Salta, en el norte de Argentina. Un latifundio de casi 300 kilómetros cuadrados dedicados al cultivo hortofrutícola -tres veces el término municipal de Barcelona-, la segunda empresa agroindustrial más importante de la región y la sexta del país gaucho, que exporta sus cítricos a la Unión Europea y que mantiene un supercontrato con Coca-Cola por un periodo de 20 años para suministrarla jugo de limón. Una finca, dicen que modelo, levantada con un crédito del ICO y los millones de euros que Sanchis había ganado en empresas españolas de distintos sectores. Uno de ellos, el financiero: fue el fundador en 1973 de Nuevo Banco, que más tarde vendió a Banco de Levante, nacionalizado por sus pérdidas y adquirido por el estadounidense Citibank. El inmobiliario, con las sociedades Gordo y Sanra, o el energético, con varias empresas vendidas a una multinacional belga, aunque conserva la Compañía Independiente de Energía.

Ante todo, Ángel Sanchis es un hombre de negocios, oscuros o lícitos, que no abandonó cuando Fraga le nombró tesorero de la extinta Alianza Popular, sin importarle a don Manuel que en 1975 (Franco aún vivía) Campsa le hubiera expropiado dos gasolineras en Badajoz por prácticas fraudulentas. De esa aventura obtuvo pingües beneficios, pero se torció el día que los inspectores del monopolio le pillaron 'in fraganti' adulterando el gasoil con paratex, un derivado del queroseno mucho más barato, pero cuya mezcla, además, estropea los motores.

«Aquello no fue como lo contaron. Se las expropiaron, pero se las pagaron, por algo sería», defiende Luciano Pérez de Acevedo, viejo amigo de Sanchis y abogado, como su padre, que fue quien defendió al empresario valenciano ante el Tribunal de la Competencia. Le apoya a capa y espada, hasta el punto de que rechaza las irregularidades por las que, en 1991 y siendo todavía Sanchis diputado del PP, también fue acusado de la quiebra fraudulenta de la sociedad Videoclub España SA, dedicada a la compra de derechos audiovisuales en la Península Ibérica. «Pudo cometer algún error en su vida, pero a lo que se ha dedicado ha sido a trabajar, crear riqueza y empleos. La política le ha costado mucho dinero, para que luego, en la Transición, vinieran otros y se lo llevaran».

Íntimo de Fraga

Algún atractivo debe destilar la cosa pública, porque a los postres de una comida con periodistas valencianos tiempo después de ser apartado del cargo de tesorero por Hernández Mancha, Ángel Sanchis les confesó que ya no tenía tanto interés «en ganar millones» y que por eso iba a presentarse a diputado en las elecciones de 1986 «a petición de Fraga». Y eso le implicaba trasladar su domicilio oficial de Portugal a Madrid y renunciar a las ventajas fiscales del país vecino.

La amistad íntima con Manuel Fraga perduró hasta los últimos días del líder popular, con el que almorzaba regularmente. Tan estrecha era la relación que mantenían, que el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, secretario general de Organización del PP en los meses previos a que Fraga designara a Aznar su sucesor, quedó asombrado de «la gran influencia que ejercía sobre don Manuel». Lucas, que solo coincidió unos meses con él en la calle Génova, destaca su condición de empresario por encima de la de político: «No le vi nunca participar en un mitin». Ni en mítines ni en el Congreso. No desgastó un ápice el sillón de su escaño.

El 'caso Naseiro' truncó la trayectoria política de este hábil empresario, que se concentró a partir de ese momento en su joya de ultramar, la finca La Moraleja, a la que destinó los 15 millones de euros que le prestó en 1997 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), justo un año después de que José María Aznar llegara a La Moncloa. Otro asunto que generó muchos titulares porque quiso devolverlo en pesos. Él reitera que lo pagó íntegro, aunque sin intereses.

Los negocios los ha dejado ya, aparentemente, en manos de sus hijos. En la inmobiliaria Gordo -segundo apellido de su esposa, Carmen Herrero- figuran Rafael y Carmen, pero ésta lleva también toda la plantación forestal de Brasil que abastece de madera de teca a Ikea y a la que, según las sospechas policiales, podrían haber llegado fondos de las cuentas de Bárcenas. La finca argentina la preside Ángel junior, aunque el año pasado acudió con sus padres a la cita con la ministra de Industria del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner para exponerle el proyecto de una presa con sistemas de riego, una inversión de 50 millones de dólares en diez años. Nada más se ha sabido del tema. Lo cierto es que ahora la familia Sanchis y la finca, adquirida a finales de los setenta en plena dictadura militar, se ven envueltos en la polémica del blanqueo de dinero, aunque padre e hijo han negado rotundamente que Bárcenas y su mujer sean accionistas de La Moraleja, empresa que en temporada alta genera 1.700 empleos en la comarca más deprimida del país.

Denuncia de Greenpeace

El escándalo ha saltado al otro lado del charco y los medios argentinos empiezan a desempolvar los tratos de favor recibidos por Sanchis de los sucesivos gobernadores provinciales de Salta. Nada pudo hacer Greenpeace, a la que presuntamente intentó sobornar Sanchis, según ha desvelado estos días un responsable de la organización ecologista. Quería evitar la tala de 12.000 hectáreas de bosque autóctono que han sido utilizadas para el cultivo intensivo de árboles madereros, sembrar limoneros, soja y maíz transgénico en tierras de los desplazados nativos wichis.

El peronista Juan Carlos Romero, que gobernó la provincia de Salta durante tres mandatos consecutivos, de 1995 hasta 2003, fue el gran benefactor del empresario español y promotor de las infraestructuras que comunican la finca. De momento, guarda silencio. Se sabe que visita La Moraleja con frecuencia en helicóptero. A Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. Con el actual gobernador, también peronista, Juan Manuel Urtubey, los Sanchis mantienen buena sintonía, de ahí que el patriarca no tenga miedo a las nacionalizaciones del Gobierno, como le sucedió a YPF.

A los trabajadores del búnker de La Moraleja, vigilada por guardas armados, se les ha prohibido hablar, pero una encuesta publicada esta semana por el diario local 'El Intransigente' revela que el 92,7% de los encuestados está convencido de en Salta se «lava dinero extranjero». Algo que puede incomodar levemente a un hombre bregado en mil batallas. En su memoria todavía está fresco el recuerdo de aquel chaval avispado y ambicioso que después de la muerte prematura de su padre obtuvo permiso oficial para adelantar la mayoría de edad de los 21 a los 18 años y labrarse un porvenir lejos de la explotación de naranjas y del almacén de insecticidas de la familia en Valencia. Sanchis voló, en avionetas y aviones, tanto y tan alto que acabó haciendo las Américas.

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