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El TSJ condena a Justicia a pagar 2,8 millones de la vigilancia de sus sedes

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El TSJ condena a Justicia a pagar 2,8 millones de la vigilancia de sus sedes

La empresa de seguridad demandó a la Generalitat, que dejó de pagar las facturas en el año 2006

23.01.13 - 00:10 -
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar 2.865.606 millones de euros a la empresa que cumplía con el servicio de seguridad de algunos edificios dependientes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
El Consell dejó de pagar las facturas a la empresa Grupo Cetsa de Seguridad a partir del ejercicio de 2006. Llama la atención la fecha en la que empieza a materializarse el impago ya que por aquel entonces la crisis económica no se había manifestado con la virulencia de los años posteriores. Es más, fue un año de bonanza.
La relación entre la empresa de seguridad y la conselleria comenzó el 30 de septiembre de 2002. Este contrato se prorroga expresamente hasta 2004 y tácitamente hasta febrero de 2005. Entonces se produce una nueva adjudicación, un nuevo contrato y se continúa prestando los servicios hasta 2009.
La Generalitat deja de pagar en 2006. Un año más tarde, la empresa reclama por vía administrativa ante el propio departamento que por entonces dirigía Fernando de Rosa. Se le reconoce la deuda dos años más tarde.
A mediados de 2009, el Consell parchea la situación con el pago de dos facturas por algo más de 260.000 euros. No obstante, la cantidad adeudada se mantiene en más de dos millones de euros. En febrero de 2010, la compañía vuelve a insistir en la misma puerta. Esta vez obtiene el silencio como respuesta. Fue entonces cuando presentó la demanda por inactividad de la administración. La deuda seguía en 2,4 millones.
La sentencia analiza también el tipo de interés de demora que reclama la empresa de seguridad. La Generalitat se oponía a esta pretensión porque consideraba que no era de aplicación la Ley 3/2004 en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La norma establece que se regirán por esta todos los contratos firmados a partir del 8 de agosto de 2002. Y este era posterior.
El tribunal considera, por tanto, que sí es de aplicación. De tal forma que la administración queda obligada a pagar el tipo de interés del Banco Central Europeo más siete puntos. El cómputo total queda cifrado en 377.000 euros a favor de la compañía por los retrasos.
La Sala, en cambio, resuelve a favor de la Generalitat los costes de cobro. La sentencia los establece en 15.000 euros, una cifra menor que la de la empresa.
Numerosas sedes judiciales de la Comunitat cuentan con agentes en segunda actividad para la vigilancia y control de las instalaciones. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de la Justicia de Valencia es la Guardia Civil la encargada de este cometido. No obstante, también completa el dispositivo vigilantes privados.
Justicia redujo sustancialmente hace unos meses el gasto en seguridad de sus sedes. Por ejemplo, prescindió de vigilantes durante las noches y también los domingos. La previsión era ahorrar más de 200.000 euros con este recorte.
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El zaguán de la Ciudad de la Justicia de Valencia. :: IRENE MARSILLA

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