Casada y bien casada

Una gitana deja en ridículo el sistema judicial español al lograr en Estrasburgo la pensión de viuda que le negaban

María Luisa, con un sobrino, ante el Tribunal Constitucional. ::                             EFE/
María Luisa, con un sobrino, ante el Tribunal Constitucional. :: EFE

María Luisa Muñoz Díaz, La Nena, una gitana española de 53 años y madre de seis hijos, consiguió ayer sacarle los colores a todo el espectro judicial español y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al lograr una sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a su demanda de una pensión de viudedad, desatendida por largos años en España.

La Corte, competente en las materias concernientes al Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, echó ayer por tierra toda la argumentación del Estado español sobre los requisitos para percibir una pensión de viudedad en el país. Una pensión que se le negaba a La Nena porque el vínculo matrimonial establecido por ella con M.D. en 1971, mediante el rito gitano, no fue nunca legalizado de acuerdo con las disposiciones del Código Civil español del franquismo, ni tampoco con el de la democracia. Por esa razón, los tribunales españoles, desde la primera instancia hasta el Constitucional, le negaron a la mujer su pensión a todo lo largo de un dilatadísimo proceso de recursos que la gitana emprendió en 2001.

Ayer, sin embargo, la Corte de Estrasburgo puso punto final a una causa extremadamente polémica, en la que, y a invitación de la presidencia del Tribunal, se ha personado hasta la Unión Romaní, el cónclave universal de los gitanos, para defender la validez del rito matrimonial de la raza por encima de las disposiciones del derecho civil español. A La Nena, el Tribunal le reconoció su pensión con efectos retroactivos y una compensación por daños morales, más un resarcimiento por los gastos de defensa, lo que hace un total de 75.412,56 euros que deberá abonar la Seguridad Social española.

María Luisa Muñoz se mostraba ayer «muy satisfecha» con la sentencia «tras diez años de lucha» y esperaba que sirva «de ejemplo y de ayuda» para la comunidad gitana, pues «hay mucha gente que se queda a mitad de camino».

El nudo de la causa giraba en torno a la constitución de derechos civiles a partir de ritos sin validez jurídica en el Código Civil español, como era el caso del matrimonio gitano. Aunque la legislación española reconocía -y reconoce- la singularidad gitana, ese reconocimiento no tenía consecuencias en el derecho civil a efectos de percepción de, por ejemplo, una pensión de viudedad, como la que María Luisa reclamaba desde la muerte de su marido, en 2000.

La cosa se complicaba porque el matrimonio gitano de M.D. y La Nena estaba reconocido en un documento oficial español -un libro de familia- que fue expedido en 1983. Y en el 86, además, se significó su condición de familia numerosa.

Todas estas razones son invocadas por la Corte europea, que estima «desproporcionado que el Estado español, que atribuyó a la requiriente y a su familia gitana un libro de familia, les reconoció un estatuto de familia numerosa, les concedió, a la interesada y a sus seis hijos, asistencia sanitaria, y que cobró las cotizaciones de su esposo gitano a la Seguridad Social durante más de 19 años, se niegue ahora a reconocer los efectos de una matrimonio gitano en lo que concierne a la pensión de viudedad».