Hallan un contenedor con informes judiciales de menores en Alicante

El enorme cajón, lleno de documentación, está ubicado en un patio de acceso público del Palacio de Justicia

MANRIQUE C. SÁNCHEZALICANTE.
Contenedor con documentos judiciales. ::
                             RAFA MOLINA/
Contenedor con documentos judiciales. :: RAFA MOLINA

Decenas de documentos judiciales, algunos de ellos referidos a menores sospechosos de haber cometido delitos, permanecen almacenados, al menos desde el pasado jueves, en un contenedor ubicado en un patio de acceso público del Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante.

Los expedientes son variados, aunque abundan las citaciones, así como diligencias sobre expedientes de reforma de los Juzgados de Menores. Esa información sensible está amparada por la Ley de Protección de Datos (LPD) y su tratamiento y destrucción sin las debidas garantías puede acarrear una fuerte sanción. Este periódico comprobó ayer la situación a raíz de la información facilitada por fuentes del sindicato UGT, cuyos locales están ubicados precisamente en ese patio trasero.

El contenedor es una especie de cajón de madera sin tapa de poco más de un metro de alto. Y está repleto de papeles, desde algún ejemplar antiguo de periódico hasta un sinfín de sobres y acuses de recibo con el sello de Correos.

Entre esos legajos destacan muchos que llevan impresos los escudos de la Administración de Justicia y la Generalitat Valenciana. Se trata de citaciones para declarar y otro tipo de diligencias procedentes tanto de Fiscalía como de los Juzgados de Menores. Los nombres de los ciudadanos afectados son visibles, pero también algunos datos personales más.

Ese tipo de información tiene una especial protección en la LPD, aprobada por el Parlamento en diciembre del año 1999. Su artículo 44 tipifica como una infracción grave la «vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales», entre otros.

La legislación española es una de las más estrictas de toda Europa en esta materia y establece importantes medidas de seguridad tanto en la forma de recabar información sensible que afecte al derecho a la intimidad de las personas como a la hora de almacenarla, custodiarla y destruirla. El contenedor de Benalúa está situado junto a cajas de plástico de Correos y tubos de luz, en una esquina del patio trasero de las instalaciones, que recaen en la avenida de Aguilera. A él salen a diario decenas de funcionarios, abogados, periodistas y particulares para fumar o sentarse en un banco. Si bien es cierto que nada en él llama la atención a simple vista y es difícil por tanto que alguien se ponga a rebuscar sin más en su interior, también lo es que ningún obstáculo físico lo impide. «Cualquiera puede coger una declaración u otra diligencia», advierten desde UGT.

La situación se está produciendo, de acuerdo con el sindicato, al menos desde el jueves pasado. Precisamente, ese día fue una inspección a las dependencias del Ministerio Público el fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo. Es posible que el personal de esta institución almacenara en el contenedor papeles ya inservibles antes de la visita de su superior, pero la empresa encargada de destruir esa documentación todavía no ha pasado a recogerla.

El incidente también pone de manifiesto las grandes carencias en materia de seguridad y la falta de espacio para la debida custodia de los expedientes que sufren los juzgados alicantinos.

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