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Fútbol | Valencia CF

Un problema de 25 millones con Porxinos

Paraje de Porxinos, en el término de Riba-Roja. / J.J. Monzó
Paraje de Porxinos, en el término de Riba-Roja. / J.J. Monzó

El Consell Jurídic Consultiu emite un informe en el que desestima la reclamación del Valencia por la anulación del PAI | El club encaja esta decisión, no vinculante, y recuerda que lo importante será el dictamen judicial sobre el contencioso administrativo contra el Ayuntamiento

Juan Carlos Valldecabres
JUAN CARLOS VALLDECABRESValencia

No es vinculante pero sí puede resultar bastante significativo. El Valencia CF acaba de recibir la enésima bofetada por Porxinos. Esta vez, el golpe procede del Consell Jurídic Consultiu, un órgano que depende de la Generalitat y que acaba de emitir un dictamen en el que rechaza la solicitud que hizo el club -a través de la mercantil Litoral del Este- de exigir al Ayuntamiento de Riba-Roja el pago de 25 millones de euros por la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos.

Al Valencia no le queda otro remedio que encajar el golpe de la mejor manera posible y aferrarse a la esperanza de ese contencioso administrativo que inició contra el Consistorio. Al fin y al cabo, que la Generalitat respalde la tesis del Ayuntamiento entraba dentro de las posibilidades que envuelven este farragoso y frustrado intento de construir allí la nueva ciudad deportiva. Desde que el Supremo enterró en primavera de 2015 aquella primera intentona (el TSJ ya lo había anulado en 2013), el Valencia sólo ha acumulado obstáculos, pese a las sucesivas reuniones que ha mantenido con los políticos, encuentros que siempre han terminado, teóricamente, con buena sintonía. Pese a ese aceptable talante, la Generalitat volvía a tumbar el pasado mes de abril el segundo PAI que presentó el Valencia, con mucho menos ladrillo que el anterior.

Por si fuera poco, hace poco más de un mes, llegaba lo que podría ser considerado como la puntilla definitiva. La Conselleria de Medio Ambiente ampliaba el área de protección especial y declaraba la zona agrícola y forestal, reduciendo al mínimo cualquier esperanza que a estas alturas se pudiera albergar para un proyecto deforme casi desde que a Juan Soler no se le ocurriera otra cosa que calificarlo en sus inicios como 'pelotazo'.

Ahora, lo que viene a argumentar el Consell Jurídic Consultiu es que la reclamación que ha efectuado el club "no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimación ya que ni nos encontramos ante un daño real y efectivo en los términos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulación del instrumento de planeamiento ha generado una minoración en un derecho de aprovechamiento que nunca llegó a tener". Hay que recordar que en su momento, el Valencia abonó al Ayuntamiento 20 millones de euros en concepto de compensación por la recalificación de los terrenos considerados como no urbanizables de protección agrícola.

En Riba-Roja respiran con algo más de alivio. El alcalde, Robert Raga, siempre ha tenido claro que el municipio no iba a devolver ni un solo euro al club, en parte porque eso llevaría a la ruina a las arcas municipales. De ahí que tramitara esta consulta a este órgano de la Generalitat, que en su razonamiento apunta que "tampoco se ha demostrado que se le haya privado de derecho alguno, generador de la responsabilidad de la administración" y desestima la demanda del Valencia "por no hallarse en los supuestos indemnizatorios previstos". Además, destaca que "no concurre el supuesto de causalidad entre la actuación de los órganos de urbanismos y los daños alegados por la mercantil reclamante, sin que tampoco se hayan acreditado".

Por si fuera poco, en el informe que emitió la Sindicatura de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Riba-Roja no añade tampoco mucha luz y no queda nada claro quién debe afrontar con ese pago que unos y otros se echan en cara.

El Valencia procedió en su día a cubrirse las espaldas y tras llegar Amadeo Salvo a un acuerdo con los tres bancos implicados (era una de las contingencias que molestaban a Peter Lim), decidió iniciar el consiguiente proceso para recuperar el dinero invertido.

El conflicto de Porxinos provoca un vaivén importante en las cuentas valencianistas. Según se recoge en la auditoría que presentará a los accionistas en la próxima Junta General, el club contempla una obligación máxima de unos 24,5 millones. En la temporada 2014-15, el Valencia ya provisionó unos 6,1 millones por este tema y junto a otras anteriores se alcanzó la cifra de más de 7,7 millones. En el ejercicio anterior se provisionaron otros 14 millones.

El Valencia considera que puede reclamar en total a las administraciones públicas algo más de 43,4 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. No obstante, ha decidido no incluir este último apunte en su balance a 30 de junio.

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