Ribarroja intentará incluir Porchinos en el Parque del Turia para blindarlo

Cuando Robert Raga escuchó el sábado pasado que 12 de los 21 concejales electos le votaban como alcalde, se hundió en el sillón en que estaba sentado, lanzó una mirada al infinito y emitió un prolongado suspiro. Después de dos semanas de arduas negociaciones, se consumaba algo por lo que ha luchado durante dos legislaturas y en tres procesos electorales. Para acceder a la vara de mano y desbancar al PP tras 20 años de gobierno de Francisco Tarazona, el nuevo alcalde socialista se ha visto obligado a adquirir por escrito una serie de compromisos. Uno de ellos es iniciar una cruzada para bloquear el proyecto que defendió su predecesor: el plan Porchinos, que incluía la futura ciudad deportiva del Valencia y cerca de 3.000 viviendas.

El pacto para que Raga fuera alcalde se cerró de madrugada, poco más de seis horas antes del pleno de constitución del nuevo ayuntamiento de Ribarroja. Las condiciones quedaron establecidas en el denominado Acuerdo Programático de lAteneu. Este texto lo firmaron el nuevo alcalde, como candidato del PSPV, y los portavoces de EU, Compromís y Riba-roja Pot (Podemos). Estos últimos, aunque votaron por el regidor socialista, renunciaron a entrar en el equipo de gobierno.

Entre las denominadas medidas para la sostenibilidad ambiental que recoge el texto, hay dos que se refieren al plan Porchinos. La más llamativa es la de tratar de incluir esta partida dentro del Parque Natural del Turia "siempre que sea posible legalmente", según subraya el escrito que firmaron los cuatro portavoces y al que ayer tuvo acceso este periódico. Al formar parte de una reserva natural, esta partida quedaría blindada para siempre y evitaría que un nuevo cambio político pudiese relanzar el proyecto urbanístico.

El otro punto referido a Porchinos pretende informar a los vecinos de Ribarroja la situación del expediente y llevar a los tribunales a quienes impulsaron un plan que tumbó el Tribunal Superior de Justicia y que ahora está en manos del Supremo. "El Ayuntamiento analizará el expediente, explicará al pueblo el punto en el que se encuentra y, siguiendo la línea de revertir el PAI, tomará decisiones y pedirá responsabilidades legales a quien corresponda", indica el texto consensuado.

Estas dos medidas casan con la intención mostrada por Robert Raga a LAS PROVINCIAS en los días posteriores a las elecciones que le abrieron el camino hacia la alcaldía de Ribarroja. El PAI de Porchinos no se desarrollará en ninguno de los casos cómo se había dibujado sobre los planos originales. El Ayuntamiento está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo que puede suspender el plan de manera definitiva o sólo de manera parcial. La decisión del alto tribunal, como señaló este diario, está al caer.

El problema está en que el Valencia, a lo largo de los últimos años, ha ido pagando al Ayuntamiento aportaciones periódicas por el proyecto que suman más de 20 millones de euros. Un dinero que, en teoría, debería devolver el Consistorio al club si no se ejecuta el PAI. La clave está en que el anterior gobierno de Ribarroja, presidido por el popular Francisco Tarazona, ya se ha gastado ese dinero, por lo que sería imposible devolverlo. El Ayuntamiento quebraría directamente.

Raga siempre defendió que el Consistorio debía guardar ese dinero por si el Supremo anulaba el PAI y el Valencia lo exigía. El nuevo alcalde de Ribarroja aseguró que pleiteará hasta la última instancia en el caso de que el Valencia reclame el dinero. El primer edil estima que de los 20 millones, 15 corresponden a una aportación voluntaria y que el municipio sólo se vería obligado a devolver unos 5 millones de euros por los aprovechamientos.

El nuevo alcalde gobierna en coalición con Compromís y EU, los dos partidos que votaron en contra de paralizar provisionalmente Porchinos. Además, para sacar adelante cualquier medida, deberá negociar durante toda la legislatura con Riba-roja Pot. En esta formación se hallan los representantes de la plataforma vecinal Salvem Porxinos, el grupo que consiguió que el Tribunal Superior paralizase el PAI.

Si el Supremo tumba el proyecto, los terrenos que hoy están en manos de tres bancos pasarán definitivamente de urbanizables a agrícolas. Cuando negociaban con Bankia, los abogados de Meriton cifraron estas pérdidas en 101 millones.