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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Opinión

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La esperada declaración del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el magistrado que instruye las derivaciones valencianas del 'caso Gürtel' permite que avance sustancialmente una causa que está condicionando la actualidad política de la Comunitat desde que estalló el escándalo. El líder del PPCV no ha querido en estos meses responder públicamente a las acusaciones, aplazando sus explicaciones hasta el momento de comparecer en sede judicial. Ese momento llegó ayer, envuelto en una gran expectación periodística y rodeado de incidentes protagonizados por una minoría de entre los fieles que acudieron a apoyarle y por un grupito de alborotadores que le increparon, convirtiendo su entrada y salida del Tribunal Superior de Justicia en un espectáculo esperpéntico.
El trámite judicial fue acogido, como era de esperar, con todo tipo de reacciones políticas. Mientras el presidente del PP, Mariano Rajoy, saludaba que el juez no haya adoptado medidas cautelares contra Camps, desde la oposición valenciana se intentaba obtener réditos del hecho de que el presidente de la Generalitat continúe imputado, desconociendo que mientras el magistrado, José Flors, no concluya las diligencias que ha ordenado -incluyendo la prueba testifical y la pericial- no cabe otra situación, y sin que ello tenga, por lo tanto, mayor relevancia jurídica.
Si la judicialización de la política es un proceso peligroso, el camino inverso no le va a la zaga. Pretender derivar consecuencias políticas de cada actuación de un magistrado -aunque el afectado sea el mismísimo presidente de la Generalitat- no es el mejor camino para dejar que los jueces realicen su labor con la independencia y el rigor que precisan. Ni el PP debe intentar convertir el caso en una réplica a una supuesta campaña de acoso y derribo a su líder en la Comunitat, ni la oposición aspirar a ganar en los juzgados aquello que no consiguió a través de las urnas.

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