Domingo, 24 de junio de 2007
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EDICIÓN IMPRESA

eurodiputado valenciano del PSOE
Joan Calabuig: “Carece de fundamento decir que en Europa se quiere dañar el turismo en la Comunitat”
El parlamentario socialista apuesta por un gran pacto entre promotores, constructores, afectados y partidos políticos para “hallar solución a los problemas del urbanismo valenciano”
El parlamentario socialista apuesta por un gran pacto entre promotores, constructores, afectados y partidos políticos para “hallar solución a los problemas del urbanismo valenciano”
Joan Calabuig Rull es eurodiputado desde junio de 2004. Encabezó la lista del PSOE por Valencia, partido en el que milita desde hace treinta años. Calabuig suscribió el informe del laborista británico Cashman para denunciar los abusos del urbanismo español, especialmente en la Comunitat Valenciana.

–Tanto hablar del urbanismo valenciano, se sentirá como en casa en el Parlamento Europeo
–La primera vez que pisé el Parlamento Europeo ya había temas de la legislatura anterior sobre el urbanismo y el Júcar-Vinalopó. Era muy habitual la llegada de reclamaciones de la Comunitat. Estos asuntos están allí no porque los haya llevado el PSPV, sino porque los han llevado los ciudadanos.

–¿Tan grave es la situación que merece tres visitas de eurodiputados a la Comunitat?
–Son muchísimos los ciudadanos que reclaman. La secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, comentó ante la comisión de peticiones que otras comunidades autónomas tenían legislaciones parecidas a la valenciana, ante lo cual yo le advertí de que eso suponía que estábamos ante un problema de gestión. Los ciudadanos no se sienten atendidos por la Generalitat.

–¿Y por qué la UE no incide en el urbanismo de Marbella o Seseña?
–Estas quejas son pequeñísimas en comparación con las de la Comunitat.

–¿Quiere decir que los valencianos están peor que Marbella?
–En atención, sin duda alguna.

–¿Hay más denuncias de españoles o de extranjeros que residen en la Comunitat?
–Mitad y mitad. Muchos son británicos. Los ciudadanos españoles inciden más en razones medioambientales. Los extranjeros insisten más en los temores del derecho a la propiedad.

–¿Qué problemas plantea el agente urbanizador?
–El problema mayor es el proceso de adjudicación a la hora de desarrollar un plan de actuación integrada. Se considera que se le dan excesivas competencias respecto a la zona que hay que urbanizar y a la hora de adjudicar no se hace por un procedimiento de contratación pública y no existe transparencia.

–Pero esta figura ya la incluía la LRAU, una ley socialista.
–Sí, la LRAU la hizo un gobierno socialista pero hubo un primer problema que es que los gobiernos del PP nunca hicieron el reglamento. El PSPV no la pudo aplicar. Las autoridades europeas advirtieron de que la LRAU tenía problemas y concretamente el del agente urbanizador. La Generalitat se comprometió a cambiar este problema con la Ley Urbanística Valenciana, pero no hizo nada. La Comisión Europea no se dio por satisfecha y ha seguido con el procedimiento.

–¿El problema lo creó el PSPV?
–Cada cosa hay que mirarla en su contexto histórico. El Consell socialista hizo la LRAU porque estábamos en un proceso de subida clara de los precios de la vivienda y se hizo de cara a un ámbito urbano pensado para evitar la especulación. La LRAU la ha aplicado siempre el PP. Primero no puso el reglamento e hizo una nueva ley que no ha solucionado nada porque las reclamaciones siguen llegando.

–¿Cuál es la solución?
–Un amplio acuerdo de carácter político y social que incluya a los promotores, a los constructores, a los afectados y a los partidos, de manera que esté fundado en la aplicación de las recomendaciones del Parlamento Europeo. Dos cuestiones fundamentales: una nueva ley y la creación de comisiones de arbitraje.

–Los promotores les acusan de defender sus intereses políticos frente a los de los ciudadanos.
–En todos los análisis que han hecho las asociaciones representativas de promotores no aparecía hasta hace muy poco ninguna influencia negativa por las visitas de eurodiputados. Esto se utilizó políticamente. Creo que ese tipo de organizaciones deberían anteponer los intereses de sus asociados a sus preferencias políticas y no estoy seguro de que en este caso lo hayan hecho. Es habitual ver en la prensa británica titulares muy espectaculares sobre ciudadanos que se han visto en situación de derribar su casa y gente que han perdido sus propiedades.

–¿Se quiere dañar en Europa la imagen turística de la Comunitat?
–Esto no tiene ningún fundamento. Se ha hablado de que se está tratando de derivar inversiones a países del Este. Hay que decir que las condiciones de la Comunitat son excepcionales y no hay nadie en Europa que pueda competir con nosotros. Este es un buen sitio para invertir pero lo que necesitamos es que exista confianza. Me parece absurdo pensar que alguien que tenía pensado venir a la Comunitat se acabe comprando una casa en Polonia. Tal campaña no existe.

–¿Utiliza el PSOE el urbanismo como un arma contra el PP?
–Si el PP europeo hubiera estado de acuerdo con las tesis del PP español ninguna resolución del Parlamento se podría haber aprobado. Lo que le pido a la Generalitat es que reflexione y que no piense que esto es una conspiración internacional o que es una operación de los socialistas.

–El electorado ha aprobado el urbanismo del PP
–Es evidente que nuestro mensaje no ha llegado a los ciudadanos y el PP ha sido muy hábil en presentarnos como una fuerza que está en contra del desarrollo, pero esto no es así.

–Pero el urbanismo de algunos ayuntamientos socialistas tampoco ha sido ejemplar.
–Estamos muy vigilantes. El PP debe saber que todos nos somos iguales y en lo que algunos es norma en otros es excepción.

–¿La solución sería una moratoria urbanística?
–No creo en moratorias urbanísticas salvo para problemas muy localizados. Una moratoria general no es una buena solución porque la construcción es un factor muy importante de nuestra riqueza.

–Un freno a la construcción podría generar desempleo.
–En nuestro caso lo que proponemos es mayor seguridad jurídica. Queremos que haya una construcción ordenada. Nuestra posición no generará una crisis en la construcción.

–¿Entre Rafael Blasco y González Pons, con quién se queda?
–Con ninguno. La etapa de Blasco fue en la que más crecieron las reclamaciones. Hubo una dejación completa. La de González Pons me parece la etapa de la demagogia y el sectarismo. Logró decepcionar a los propios promotores y paró cosas que no tenía sentido parar por dar una imagen sandía absurda.

–¿Qué le pide al nuevo conseller?
–En primer lugar, que reconozca que tenemos un problema y que se siente con el PSPV y las organizaciones sociales para llegar a un pacto por el urbanismo valenciano.

 
Vocento

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