Sábado, 23 de junio de 2007
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POLÍTICA
El dictamen del Consell Jurídic sobre el Estatuto andaluz advierte del perjuicio para la Comunitat
Dos consejeros ligados al PSPV discrepan del informe y rechazan la presentación del recurso
Dos consejeros ligados al PSPV discrepan del informe y rechazan la presentación del recurso
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) hizo público ayer su dictamen sobre la posible inconstitucionalidad de un apartado del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. El órgano consultivo de la Generalitat, que dirige Vicente Garrido, ratifica las dudas mostradas por el Gobierno valenciano y añade, además, un perjuicio claro hacia la Comunitat.

El Ejecutivo de Francisco Camps presentó el miércoles (último día del plazo) un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el segundo punto de la disposición adicional tercera del texto: “la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”. El Consell había consultado al CJC la posibilidad de que este precepto fuera inconstitucional, ya que sus consecuencias se podrían equiparar al Estatuto catalán (también recurrido), que liga la inversión estatal en infraestructuras al peso de su Producto Interior Bruto (PIB).

El dictamen del órgano consultivo da la razón al Consell en lo que respecta a la intrusión de la Comunidad Andaluza en las competencias estatales y la vulneración de hasta cuatro principios constitucionales: de solidaridad interterritorial (al que va unida la prohibición de que los Estatutos definan privilegios económicos), de lealtad institucional, de colaboración y de cooperación. Y añade tres más: de unidad de orden económico, de equidad del gasto público y de seguridad jurídica para las administraciones.

Además, advierte que la aplicación de ese sistema de financiación iría en detrimento de la Comunitat, cuyo Estatuto contiene unas previsiones en materia de financiación que respetan escrupulosamente el orden constitucional de distribución de competencias, observando las que son exclusivas del Estado y respetando los principios mencionados.

Igual que ocurrió con el recurso al Estatuto de Cataluña (con el que hay un cierto paralelismo, en materia económica), dos de los consejeros del CJC emitieron un voto particular, contrario a la presentación del recurso. Se trata de Vicente Cuñat y Ana Castellano, ambos ligados al PSPV (la segunda fue diputada socialista, y los dos ocupan el cargo a propuesta del PSPV). Estos consejeros rechazan la inconstitucionalidad del apartado en cuestión, básicamente porque no se entiende.

Retirada del recurso
Aunque el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consell contra el Estatuto andaluz ya está presentado, cabe la posibilidad de que sea retirado. Eso sí, para dar marcha atrás hace falta que se cumplan algunas condiciones, como la reforma del sistema de financiación autonómico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Este organismo tiene previsto reunirse en los próximos meses para tratar este punto, ya que son muchas las autonomías –entre ellas la valenciana– que han pedido que se revise el modelo de financiación. Desde el Consell mantienen que si todas las comunidades pactan un nuevo modelo no tendría ningún sentido que luego cada una incluyera en su Estatuto de Autonomía unas condiciones individuales y al margen de lo que se ha pactado.

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se ha mostrado convencido de que el recurso podrá ser retirado. Por su parte, desde el Consell afirman que apoyan que se tenga en cuenta el criterio de población a la hora de repartir la financiación, pero que ese reparto debe ser solidario con el resto de autonomías.

Por otra parte, los gobiernos de Cataluña y Andalucía insistieron ayer en que sus respectivos Estatutos son constitucionales y pidieron la retirada de los recursos que se han interpuesto contra ellos, según informa Europa Press. También el secretario general del Partido Andalucista (PA), Julián Álvarez, propuso al resto de líderes políticos un pacto en defensa del nuevo Estatuto andaluz frente a los “ataques” externos.

 
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