Sábado, 10 de marzo de 2007
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Valencia
Un juez ordena el derribo de cuatro casas edificadas en suelo protegido en Vila-real
La Audiencia ratifica la condena de siete meses de prisión para los dueños y el constructor por realizar las obras sin permiso
La Audiencia ratifica la condena de siete meses de prisión para los dueños y el constructor por realizar las obras sin permiso
Cuatro hermanos y un constructor que levantaron cuatro viviendas unifamiliares adosadas en una parcela situada dentro de la ribera del Millars han sido condenados a siete meses de prisión y a pagar una multa de más de 3.500 euros, además de ver como sus casas serán derribadas. La Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado así la sentencia impuesta por un juzgado de Vila-real, según un fallo conocido ayer.

Según la sentencia, a finales de 2001 y mediados de 2002, cuatro hermanos encargaron a una empresa la construcción de cuatro viviendas unifamiliares adosadas, formadas por planta baja, planta alta y planta baja cubierta, en una parcela de Vila-real que era propiedad de su madre.

Tras discrepancias con los familiares, la constructora decidió no continuar con las obras, por lo que fueron los propios hermanos, con ayudas de terceras personas, quienes siguieron con los trabajos.

La citada parcela, tal y como señala la sentencia, está calificada por el Plan General de Vila-real como zona no urbanizable y de especial protección medioambiental, por lo que tan sólo se permiten obras que sean “estrictamente necesarias para la conservación y mantenimiento del dominio público hidráulico”.

No sólo eso, ninguno de los cuatro hermanos “solicitó licencia de obra alguna al Ayuntamiento de Vila-real”, considera la Sala.

En noviembre de 2002 un vecino denunció ante el Consistorio esta situación, por lo que la alcaldía abrió un expediente “para la restauración de la legalidad urbanística” y ordenando la paralización de las obras. No obstante, los hermanos hicieron caso omiso y, en febrero de 2003, el Ayuntamiento dictó una nueva orden de paralización forzosa de las obras. Ese mismo año, el arquitecto municipal se personó en la construcción y verificó que las obras quedaban interrumpidas. “Tanto las órdenes de paralización como el precinto eran perfectamente conocidos por los hermanos, pese a lo cual finalizaron las obras por sí mismos”, dicta la sentencia. Finalmente, el Ayuntamiento denunció la situación ante la Fiscalía.

Ahora la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia que ordena derruir las cuatro viviendas.

El juzgado de Vila-real reconoció en su fallo la existencia de hasta 94 construcciones, entre casas, paelleros, aljibes, etc. en esta zona de especial protección medioambiental.

Plan eólico de Els Ports
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, comunicó ayer a la plataforma crítica con la ejecución de los parques eólicos de Els Ports y El Maestrat que ha admitido a trámite la denuncia interpuesta ante este organismo el pasado mes de febrero por parte de la Plataforma en Defensa del Espacio Natural.

Según informaron ayer fuentes del colectivo ciudadano, la Fiscalía General del Estado ha transmitido su “preocupación” por los hechos denunciados y ha comunicado su decisión de que “se ha instado al director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria para que, con la mayor brevedad posible, nos informe de los diversos extremos” en el escrito de denuncia.

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Espacio Natural, Joan Barrera, solicitó la implicación de la Fiscalía General del Estado ante “las presuntas irregularidades e ilegalidades” cometidas en la tramitación e instalación de los parques eólicos de la zona 3 (ahora en construcción), que afecta a los términos municipales de Castellfort, Vilafranca y Portell de Morella.

En opinión de Barrera, “el Gobierno valenciano se ha atribuido unas competencias que no le corresponden y originando, en base a ello, una serie de irregularidades paisajísticas, urbanísticas, medioambientales y contra el patrimonio muy importantes”.

 
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