Policías locales alertan de que la vigilancia en las calles baja por los recortes de personal

La plantilla policial está formada por 1.587 funcionarios, de los que 329 puestos están en situación de segunda actividad al haber cumplido 55 años. «El año que viene la previsión es que pasen 60 más, lo que da idea de la gravedad de un problema que se hará más urgente», comentó ayer el secretario en el Consistorio de dicha formación sindical, Jesús Santos.

El gobierno municipal tiene abierto un proceso de oposición para 30 agentes desde 2016, aunque el único trámite cumplido es la presentación de instancias, donde se han apuntado más de 1.500 personas a los exámenes. De cara a la oferta pública de empleo de 2018, se anunció recientemente que habrá otras 40 plazas, una cifra insuficiente para los sindicatos sobre todo al tener que asumir los agentes nuevas tareas de seguridad ciudadana por la alerta 4 antiterrorista dictada por el Gobierno. Desde los atentados de Barcelona ocurridos en agosto, se han sucedido las reuniones de los mandos policiales con la Delegación del Gobierno y las concejalías, con el propósito de acordar protocolos de emergencia, cierre de calles y plazas con maceteros y hasta el traslado de fallas en los aledaños de la plaza del Ayuntamiento, donde se ampliarán las vías de evacuación por las mascletaes en Fallas.

Ante ese panorama, Santos aseguró que el próximo año «empeorará de forma más que notable la situación de la plantilla, impidiendo a duras penas dar un servicio óptimo de seguridad (policía) y emergencias (bomberos), efectivo y digno a todos los ciudadanos de Valencia». Citó como ejemplo que la edad media en la Policía Local roza los 50 años y que «esperamos a que se inicie la oposición para proveer 33 plazas de agentes de policía local. Con mucha suerte, la incorporación se materializaría en año y medio».

A la congelación del incremento de la plantilla y su envejecimiento hay que sumar la lógica reducción de agentes de calle. Como solución de urgencia, el Consistorio anunció la contratación de una veintena de administrativos en una bolsa de trabajo para los retenes y la Central de la Policía Local, de tal manera que más agentes puedan patrullar.

Santos dudó de la eficacia de esta medida al insistir en que los funcionarios «en segunda actividad no pueden hacer trabajo de calle». Sobre la reestructuración en vigor desde octubre, afirman que han aumentado las solicitudes de pase a trabajos administrativos.

Para el citado sindicato, la creación de una nueva Unidad de Distrito, la octava, el personal que formaba parte de dos unidades centralizadas (GOE y la Unidad de Tráfico denominada 'móviles') también ha sido negativa. Sobre la primera, atendía de forma diaria a la venta ambulante ilegal, mercados, la prostitución, el botellón, seguridad ciudadana, actuaciones complejas en barrios conflictivos (Cabanyal, Benimaclet, Nazaret, Benimàmet, etc.), que ahora «se parchean sin ningún tipo de coordinación». En los mercados, los cambios «han supuesto también una bajada de efectivos para frenar la venta ilegal».