A medida que transcurre el tiempo en la presente fase expansiva del ciclo económico que atraviesan las economías española y valenciana, fase de una duración sin precedentes desde los shocks petrolíferos de los años setenta, empieza a despertarse el temor a que el modelo de crecimiento que ha sustentado estos años de bonanza, basado casi íntegramente en la construcción y el consumo privado, se agote. Esta lectura, que académicos y analistas – al menos, un porcentaje significativo de los mismos – hemos efectuado desde hace ya varios trimestres, parece ser interiorizada progresivamente por agentes sociales y políticos, todos compartiendo el deseo de que la transición a un modelo más equilibrado se produzca sin pagar el peaje de una crisis económica.

En realidad, el modelo español y valenciano, si bien muy alejado de lo acaecido en los últimos años en el conjunto de la zona euro, mantiene obvias similitudes con la trayectoria de varios países anglosajones en tres continentes (Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia): espectacular crecimiento del mercado inmobiliario, en actividad y precios (bien es cierto que partiendo de un cierto estancamiento en la primera mitad de los noventa, incluso con episodios de crisis en alguno de los países mencionados); desmesurado aumento de la deuda hipotecaria de las economías domésticas, cuyo ahorro se ha reducido bruscamente; fuerte generación de empleo en el sector construcción, que aumenta su peso en el producto y aún más en el mercado laboral; continuada y sólida expansión del consumo privado, cimentada en el aumento de la riqueza inmobiliaria (que confiere mayor confianza a los individuos y además les permite acceder a más créditos al consumo con el respaldo del creciente valor de sus viviendas).

Todo ello se ha producido gracias a la confluencia de una extensa serie de factores que han coadyuvado a impulsar y sostener el modelo: tipos de interés en mínimos históricos, fácil acceso a una financiación proporcionada por los bancos con extrema prodigalidad (lo que han justificado por la ínfima tasa de morosidad hipotecaria y la necesidad de mantener la cuota de mercado), escasa rentabilidad de las alternativas de inversión, frente a la inmobiliaria, ventajas fiscales y una dinámica poblacional favorable (inmigración que ha afectado tanto al segmento más modesto como al de mayor nivel en el mercado residencial, factor este más específico del caso español y valenciano que de los restantes países con trayectoria similar).

Con estas bases, a nadie debiera extrañar que en menos de una década el precio de la vivienda, en el caso más cercano, el de España y la Comunitat Valenciana, se haya más que duplicado, en términos reales. Sin embargo, frente a los temores de existencia de una burbuja inmobiliaria, la mayor parte de estudios efectuados cifran la sobrevaloración de la vivienda en el entorno del 25%, nada desdeñable pero perfectamente ajustable mediante una progresiva desaceleración de las tasas de crecimiento. Lo que técnicamente denominamos fundamentals justifican, por tanto, la mayor parte del crecimiento de los precios (en una perspectiva general del mercado, sin descartar bolsas especulativas en áreas concretas). A cambio de esa sobrevaloración, el crecimiento económico de los últimos años en los países inmersos en esta dinámica inmobiliaria ha sido muy superior al de aquellos otros ajenos a la misma.

Pero los beneficios derivados de este modelo han conllevado, probablemente durante demasiado tiempo y en demasiados ámbitos de decisión, ignorar los costes asociados al mismo. Un modelo muy intensivo en empleo pero sumamente mediocre a la hora de elevar la productividad. Un modelo dinamizador de la demanda interna, pero severamente inflacionista. Un modelo que ha elevado notablemente el valor de los activos de las economías domésticas, pero también el de sus pasivos (y ello, antes de la normalización de los tipos de interés). Un modelo que ha proporcionado extraordinarios beneficios en el sector inmobiliario, pero que ha desviado hacia este inversiones imprescindibles en otros sectores productivos, especialmente en la industria (que, a veces hay que recordar, sigue y debe seguir generando un porcentaje más elevado del producto y del empleo que la construcción).

Un modelo, en definitiva, no sostenible por sus implicaciones de estancamiento de la productividad, diferencial creciente de inflación con nuestros socios comerciales, déficit de ahorro de las economías domésticas, pérdida de competitividad exterior, detracción del interés y los recursos necesarios para modernizar y adaptar nuestro aparato productivo a la creciente competencia internacional, por mencionar sólo los límites estrictamente económicos.

Un factor externo ha venido a impulsar el cambio y, a la par, extender la percepción de que el mismo es necesario: la normalización de los tipos de interés. No es casual que el boom inmobiliario británico o australiano se frenasen gracias a la intervención del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal australiana; tampoco lo es la ralentización apreciable que se constata ya en Estados Unidos, tras la repetida subida de tipos desde mediados de 2004 por parte de la Reserva Federal. Y los tres primeros movimientos del Banco Central Europeo (alzas de 25 puntos básicos en diciembre, marzo y junio) señalan el principio del fin del modelo de crecimiento de los últimos años para España y la Comunitat Valenciana.

Afortunadamente, este momento coincide con la recuperación económica de nuestros principales socios europeos, pero también lo hace con un entorno global cada vez más exigente que requiere rápidas respuestas. Y, en nuestro caso, esa réplica debe proceder de conceder absoluta prioridad a los retos de la productividad y la competitividad, enfocando las decisiones y los recursos públicos y privados a la mejora de nuestros sectores industriales y de servicios. Labor complicada pero que resulta imprescindible no diferir en el tiempo.