El conflicto entre Iberia y sus pilotos elevó este viernes su tensión hasta cotas casi históricas, después de que éstos exigieran a la compañía que les garantice, mediante aval bancario y la “garantía real” de todo su patrimonio, que mantendrán sueldo actual (revalorizado anualmente por encima de la inflación) hasta alcanzar la jubilación a los 65 años. Esa es la condición, en principio “innegociable”, que ponen para desconvocar la huelga que desarrollarán la próxima semana en protesta por la creación de una aerolínea de bajo coste (Catair) junto a otros socios. La respuesta de la compañía, aparte de tachar de “locura” esa exigencia, ha sido iniciar los trámites para pedir la ‘ilegalización’ del paro “abusivo”.

La empresa presidida por Fernando Conte también hizo llegar un mensaje al Gobierno, si bien por cauces extraoficiales. Según fuentes del sector, instó a los Ministerios de Fomento y Trabajo a que no asuman con los representantes del Sepla “compromisos que no les correspondan, por pertenecer al ámbito de decisión de una empresa privada”. Iberia acepta de buen grado la mediación de los dirigentes políticos, pero no quiere verse obligada por terceros a modificar su plan empresarial.

Tal vez por este contacto, tras el encuentro que mantuvieron ayer con Fomento, los representantes del Sepla anunciaron que mantenían el paro. Pocas horas antes, el portavoz de los pilotos, Bernardo Obrador, había sugerido que Fomento “podría ofrecer algún tipo de garantía” para que se desconvocara la protesta.

Por ahora, las posibilidades de alcanzar un acuerdo parecen exiguas sobre todo tras conocer la “solución” que ofrecen los pilotos, que incluye cuatro puntos según el texto remitido a la aerolínea. El primero es que se mantengan todos sus puestos de trabajo existentes a día de hoy, de manera que no se vean afectados por expedientes de regulación de empleo (EREs) y que sólo puedan ser despedidos por causas “justificadas” de carácter disciplinario. Pero, además, piden que se les garantice el abono de sus salarios actuales -con una subida del IPC anual más dos puntos- hasta la edad de 65 años, para lo que exigen el aval de un banco “de primer orden” a favor de cada uno de ellos.

Garantías
Para el pago de estas nóminas, así como de las indemnizaciones por posibles despidos “justificados”, demandan a Iberia que ofrezca “como garantía real todos sus bienes y derechos, activos y pasivos, presentes y futuros, pignorando expresamente a favor” de cada uno de los pilotos, quienes a su vez podrían elegir la parte del patrimonio contra la que ejecutaría las posibles deudas pendientes.

“Abusiva” y “sinsentido” fueron algunos de los calificativos que se manejaron en la dirección de Iberia tras conocer las exigencias de los pilotos, que cobran una media de 187.000 euros brutos al año (100.000 más que el presidente del Gobierno y el doble que los ministros), si bien menos de lo que pagan otras compañías europeas. Por ello, una vez “constatada la aparente falta de voluntad negociadora” del Sepla, solicitarán a la justicia que declare ilegal la huelga por “vulnerar el derecho fundamental a la libre empresa”. Antes habrán de acudir a un acto de conciliación en el Ministerio de Trabajo que, de fracasar, permitiría presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional.

El paro de los pilotos ha unido en su contra al resto de aerolíneas (las dos patronales españolas del sector la juzgan “inadmisible” e “injustificada”), a las agencias de viajes y a los otros sindicatos de Iberia, sobre todo los que representan a los trabajadores de tierra (CCOO y UGT), que incluso han llegado a sugerir que si se aceptan sus demandas serían ellos los que irían a la huelga. Estos empleados se consideran los primeros discriminados con las exigencias económicas del Sepla que, según la empresa, obligarían a pedir un aval de 6.000 millones de euros, tres veces su valor actual en la Bolsa española.