La noticia fue difundida ayer por el portavoz socialista, Rafael Rubio, quien se preguntó el motivo de que el Ayuntamiento pague esa astronómica cifra cuando “fue una decisión del gobierno de Rita Barberá”.

El caso es que los inquilinos fueron desalojados el 2 de diciembre, según recordó una de las afectadas a este periódico. Pilar Ridaura estaba con su hija cuando se percataron de que en la calle había una gran aglomeración de bomberos y policías mirando hacia arriba.

“Enseguida le dije que recogiera las cosas de más valor porque presentí lo peor.” Poco después, un policía le urgía a desalojar el edificio, debido a la aparición de una grieta en un pilar de la primera planta. Los técnicos concluyeron que era necesario declarar la ruina inminente, es decir, todos fuera y a derribar la finca.

Esa tesis fue desmontada en una primera sentencia de 1997, cuando cinco de las familias y una empresa, parte de los inquilinos del inmueble, ganaron en su demanda contra el Ayuntamiento, por autorizar a la propiedad la demolición.

Entonces se inició un segundo proceso, el de la responsabilidad patrimonial, que ha terminado también por dar la razón a los inquilinos. Existen distintos conceptos que dan como resultado el millón de euros, aunque Rubio destacó el de “daños físicos y morales” como uno de los más llamativos del fallo.

“Guardamuebles, el coste de los alquileres de otras viviendas, todo está incluido en esta cantidad, como la conexión telefónica y de otros servicios que pagaron los inquilinos desalojados en sus nuevas casas.” El concejal socialista recordó que un perito dijo que la reparación del pilar agrietado se “podía hacer con un coste de menos de dos millones de pesetas. En su lugar, Barberá optó por declarar la ruina inminente”.

Sobreelevado de tres plantas
La grieta pudo aparecer por el peso sobre el edificio, con viviendas en alquiler de renta antigua, de un sobreelevado de tres plantas. En cuanto al resto de la finca, Ridaura recordó que habían pedido a los propietarios “la reparación de cornisas y otras cosas, pero no hicieron nada”.

Rubio lamentó que el decreto que obligaba a derruir este edificio “fue favorecido por la alcaldía, benefició a la propietaria y ahora tendrán que pagarlo todos los valencianos”.

Según el concejal, el Tribunal Superior “determina la responsabilidad única del Ayuntamiento” a quien, según indicó, “sólo le queda un recurso de casación ante el Supremo, que perderán”.

Rubio indicó que no cree que el Ayuntamiento pague las indemnizaciones a los inquilinos de esta “condena firme” hasta que “se pronuncie el Tribunal Supremo”, y subrayó que su grupo municipal “preguntará a Rita Barberá si ella y quienes tomaron la decisión van a poner el millón de euros de su bolsillo”.

El portavoz socialista calificó por último de “intolerable” que los ciudadanos “paguen ese dinero con sus impuestos” por una decisión tomada en su tiempo por la alcaldesa, de quien criticó su “negligente actuación.” La finca fue derribada poco después del desalojo, y en su lugar se construyó un nuevo edificio de viviendas, con una altura más que el anterior, según puso de relieve el concejal del PSPV.

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