Un millón de euros más los intereses desde diciembre de 1994 es la cifra fijada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el Ayuntamiento por su responsabilidad patrimonial en el derribo indebido de un edificio de viviendas en la Gran Vía Ramón y Cajal, 33. Los inquilinos fueron desalojados por ruina inminente.