La diputada Hinojosa acusó a la filial de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF Gas de Bolivia de haberse aprovechado de subsidios irregulares en la distribución de bombonas de gas licuado para uso doméstico entre los años 2002 y 2004 por valor de 29,5 millones de euros. La parlamentaria reclamó también ante la Justicia la investigación de los hechos y el esclarecimiento de las posibles responsabilidades que hubieran podido cometer los anteriores Ejecutivos bolivianos.

Repsol YPF Gas de Bolivia afirmó que “no ha incurrido en cobro ilegal alguno”. La compañía aseguró que sus operaciones “están sustentadas en los respectivos decretos supremos emitidos por el Gobierno nacional, así como los contratos firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.

Fuentes de la petrolera apuntaron que “tanto la operación de las plantas engarrafadoras (embotelladoras) como su administración se han realizado en el marco de las leyes y reglamentos vigentes”. Del mismo modo, resaltaron desde Repsol que no han recibido ni tenido conocimiento de ninguna denuncia en su contra.

La diputada boliviana, que ya amenazó hace ahora dos meses con interponer la denuncia, explicó que su intención es forzar a los tribunales de su país a investigar a “los autores materiales e intelectuales de los presuntos pagos y subsidios otorgados de manera irregular”, según la agencia estatal de información ABI. “No puedo creer cómo funcionarios sin escrúpulos desfalcaron al Estado y entregaron de manera dolosa estos recursos por un supuesto pago de inexistentes subsidios al Gas Licuado de Petróleo a favor de la empresa engarrafadora Repsol Gas de Bolivia”, añadió la misma fuente.

Decretos
Hinojosa asegura que Repsol YPF cobró entre 2002 y mayo de 2004 un dinero en concepto de subvenciones al gas licuado. Una ayuda estatal concebida por el Tesoro General de la Nación para que la bombona de 10 kilos no costara a los bolivianos más de 2,26 euros. La aportación oficial servía para compensar a los productores por el déficit entre el coste real y los ingresos por ventas.

Estas ventajas, explicó la diputada, se basan en el Decreto Supremo 25.797, de junio de 2000, que está dirigido –según Hinojosa– exclusivamente a las empresas que contaran con licencia de operación y construcción antes de otro Decreto Supremo (de agosto de 1999) que les permitía comercializar ese gas.

La denunciante puso como ejemplo a la empresa boliviana Pecagas, que obtuvo su licencia en diciembre de 1999 y, aunque los solicitó no pudo acogerse a las subvenciones. Repsol, añadió la diputada, logró su permiso en septiembre de 2002. Esta situación cambió en mayo de 2004, cuando el entonces presidente de Bolivia, Carlos Mesa, emitió un decreto que ampliaba las ayudas a todas las compañías sin excepción. “Por eso tomo en cuenta los años 2002, 2003 y 2004 hasta su mes de mayo, en los que Repsol YPF cobró de forma irregular 29,5 millones de euros, que es dinero que el Estado necesita para programas de Salud y Educación”, concluyó.