La discutida proclamación de 2006 como Año de la Memoria Histórica es ya una realidad. El Congreso aprobó ayer definitivamente, y tras seis meses de debate, la proposición de ley que reconoce la segunda República como el “antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado”.

La iniciativa –presentada por Izquierda Unida– contó desde el primer momento con la oposición del Partido Popular, que la interpreta como un ataque al espíritu de consenso fraguado en la Transición. Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, en cambio, se abstuvieron en la última votación porque consideran que se trata de una ley “insuficiente” y “vacía de contenido”. Mientras, la cámara sigue esperando el proyecto de ley con el que el Ejecutivo prometió resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

La ley aprobada no tiene, en el fondo, más que un mero valor simbólico. De hecho, consta de un artículo único de dos puntos en el que se justifica la declaración del Año de la Memoria Histórica como homenaje a las citadas víctimas, y en el que los poderes públicos se comprometen a apoyar la celebración de actos conmemorativos que estimulen la reflexión sobre la guerra y la dictadura. Una disposición adicional compromete al Gobierno a emitir sellos y signos de franqueo conmemorativos, y otra más le obliga a velar por la edición de libros y vídeos pedagógicos sobre “la República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades”, así como a su incorporación bibliotecas públicas.

Reconciliación
En su exposición de motivos, el texto señala que es necesario recordar buena parte de los valores y principios políticos y sociales que presidieron la Republica y adjudica a quienes los defendieron el éxito de la Constitución del 1978 como “instrumento de concordia y convivencia para el futuro”. En el articulado, este reconocimiento específico queda más difuminado y se hace extensivo a quienes, con su esfuerzo “en favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles”, hicieron posible el régimen democrático actual.

Esta matización fue incluida durante la tramitación del proyecto en el Senado a petición de los socialistas, pero no bastó para convencer al portavoz del PP, Manuel Atencia. A su juicio, la mera formulación de la ley rompe con el compromiso tácito adquirido por las formaciones políticas a finales de los años setenta para “no usar la historia como arma arrojadiza”. “Para nosotros –señaló– no existe más legitimidad que la Constitución”.

El portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui, aseguró que en el espíritu de esta ley no se esconde “afán de venganza” alguno y achacó “ignorancia o mala fe” a quien vea en ella un deseo de “reabrir conflictos históricos”. En cualquier caso, según fuentes socialistas, es precisamente la dificultad para lograr el acuerdo con el PP y el temor a una actitud radical de formaciones como ERC las que han llevado al Gobierno a incumplir su última promesa de presentar el proyecto de ley en este periodo de sesiones.