El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer, por mayoría simple, ‘luz verde’ al proyecto de ley de reforma de los impuestos de la renta (IRPF) y de sociedades, que debido a la rebaja de tipos y el aumento de determinadas exenciones conllevará un coste de 9.250 millones de euros para las arcas del Estado, distribuidos en los dos próximos años.

Los últimos cambios introducidos en el texto permitieron al Gobierno granjearse el apoyo de casi todas las formaciones nacionalistas salvo ERC, que al ver rechazadas muchas de sus demandas votó en contra, junto a IU y PP.

Socialistas y nacionalistas catalanes cerraron el pasado 8 de junio un pacto sobre la reforma fiscal, que se tradujo en el texto ratificado hoy por la Cámara Baja y que pasará ahora al Senado (donde, debido a las vacaciones estivales, su tramitación parlamentaria no se retomará hasta mediados de septiembre). De él quedaron fuera algunas reivindicaciones de CiU, como la mejora del trato fiscal de las ‘microempresas’ (aquellas con menos de 10 empleados) y de los llamados ‘inversores de proximidad’ (claves para financiar a las pymes), o la “territorialización” de las aportaciones vía IRPF a fines sociales (0,52% del impuesto).