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Y, la respuesta no puede ser más reveladora: los ciudadanos se manifiestan ajenos a este proceso o, cuando menos, su respaldo del mismo no es lo suficientemente amplio como para justificar su puesta en marcha. Esto es algo que ya nos lo venían diciendo las encuestas de opinión pública desde hace bastante tiempo, pero ahora, tras el referéndum de Cataluña, es algo que queda constatado a través de un pronunciamiento democrático incontestable.

En mi opinión, el proyecto de reforma del Estado de las autonomías seguido por el actual Gobierno viene sustantivamente afectado por cuatro graves defectos.

En primer lugar, el Gobierno pretende una reforma sustantiva del actual equilibrio del Estado de las Autonomías, llevando la descentralización política mucho más allá de lo que el pacto constituyente de 1978 permitía prever. Ello se ha puesto de manifiesto, principalmente, en el nuevo Estatuto de Cataluña, pero también en el de la Comunidad Valenciana, ya en vigor, y en el de Andalucía, en trámite en las Cortes. La reforma en el sentido de aumentar considerablemente el poder político de las Comunidades Autónomas es políticamente estimable, pero requiere un marco jurídico diferente, requiere una previa reforma de la Constitución, y ello no se está haciendo así.

Esto, no sólo provocará vicios y reclamaciones de inconstitucionalidad en el futuro, sino, lo que es peor, provocará problemas de coherencia y de encaje entre las Comunidades Autónomas, al faltar ese cuadro común de referencia, adaptado a la nueva realidad que se está creando.

En segundo lugar, en esta línea, los nuevos Estatutos, ya aprobados o en proyecto, inciden en inconstitucionalidad en muchos de sus aspectos, tanto en materia de definición de las Comunidades, como en materia de derechos, en cuestiones institucionales, en cuestiones competenciales, y en materia de relaciones entre el Estado y las respectivas Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, la segunda fuerza política en el ámbito estatal, el PP, con el 38% de los votos, ha quedado al margen de este proceso, por lo que, con ello, se ha roto dramáticamente el consenso que, hasta el presente, había presidido el debate sobre las cuestiones de tipo constitucional. Hemos vuelto al “trágala” del siglo XIX, donde la mayoría electoral, por mínima que fuera, imponía a la minoría su reforma o proyecto de Constitución, sin hacer esfuerzo alguno de cesión o consenso. Y, en fin, en cuarto lugar, la reforma iniciada no es en absoluto el resultado de una demanda popular profundamente sentida, ni siquiera el resultado de graves problemas de funcionamiento interno de las Comunidades Autónomas, o de las relaciones entre éstas y el Estado. No es que no haya habido problemas en este funcionamiento que no mereciesen una reforma; es que la reforma abordada excede con mucho el carácter de esos problemas y afecta directamente al modelo de Estado.

El referéndum del Estatuto de Cataluña, pues, ha puesto en evidencia la falta de legitimidad –de demanda, respaldo y aceptación– social del proceso de reforma estatutaria iniciado. La cuestión se ha planteado ahora en Cataluña, pero, me pregunto que hubiera ocurrido en la Comunidad Valenciana si hubiera tenido lugar igualmente un referéndum sobre el nuevo Estatuto ¿no hubiese sido igual o, quizá, peor el resultado, a pesar del consenso conseguido en el debate parlamentario? Y ¿qué ocurrirá en las reformas que están aún en proyecto y que requieren referéndum?

Nuestra clase política debería hacer un esfuerzo de realismo. Debería abandonar las estrategias centradas sólo en el mantenimiento del poder. Debería salir de su obcecación y de la rutina del mediocre debate político, plagado actualmente de insultos y menosprecios, y preocuparse más de las verdaderas necesidades y derechos de los ciudadanos. Pues, la política en democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, ni siquiera el consenso o respeto a la minoría parlamentaria. Es, sobre todo, legitimidad, gobernar para y de acuerdo con los ciudadanos.