Cristina Aparicio es la directora comercial en España de Intrum Justitia, la multinacional europea especializada en el tratamiento y gestión de cuentas a cobrar, que se encarga del estudio ‘‘Índice de Riesgo’’ en 22 países europeos. Un año más, España se sitúa muy por encima de la media europea en pérdidas por impagados y en plazos de pago.

-¿Por qué sucede todo esto en España?

- Por dos motivos fundamentales. El primero es cultural. En España existe una cultura muy extendida de pagar tarde. Y, el segundo, está relacionado con las leyes. Hasta ahora, las directrices legales no han sido muy estrictas en nuestro país. Únicamente con la promulgación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad, parece que se están tomando más en serio todo esto, aunque todavía va lento.

- Sí, porque según el último estudio, las cifras han mejorado, pero muy poco.

- Efectivamente, aunque el análisis general del riesgo del impago muestra una tendencia ligeramente positiva, lo cierto es que las pérdidas siguen siendo muy elevadas. El estudio realizado entre 22 países nos sitúa en el puesto 19, todavía estamos muy cerca de la cola.

- ¿Qué nos diferencia de los países europeos que están por encima nuestra?

- Las medidas fundamentales que se toman en los países del Norte de Europa son preventivas, como establecer límites de crédito, por ejemplo. Nosotros, cuando planteamos en España a las empresas qué medidas llevan a cabo en la gestión de cuentas a cobrar, el 63% realiza llamadas telefónicas para requerir el pago. O sea, se inclinan por medidas curativas. Si todos nos concienciáramos de que es fundamental adoptar medidas preventivas, nos iría mucho mejor. Eso, independientemente de las leyes.

- El empresario, entonces, ¿tiene que cambiar de mentalidad?

- Sí, porque para compensar las pérdidas por impagados tienen que hacer un enorme esfuerzo en ventas. Por eso, es hora de adoptar nuevas medidas para evitar esta situación.

- El sector público podía empezar a colaborar, ¿no?

Es verdad. De hecho, las empresas públicas, según nuestro estudio, han reducido sus plazos de pago en un 2,7%, mientras que el sector privado lo ha hecho un 0,7%. De alguna manera esto es indicativo de que hay un mayor interés por cambiar la situación.