“América no abandonará Irak”, proclamaba un sonriente George W. Bush, un día después de que el Congreso apoyara la propuesta de no poner una fecha concreta para la salida de las tropas estadounidenses. Aún así, dos informes del Pentágono caían como un jarro de agua fría sobre el Ejército estadounidense y una nueva oleada de controvertidas prácticas a los presos en cárceles de Irak y Afganistán ruborizaba a la opinión pública. Métodos poco éticos, falta de supervisión y recursos inadecuados llenaban más de 1.000 páginas con numerosos y documentados casos de abusos por parte de las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales que fueron pasados por alto entre el periodo comprendido entre 2003 y 2004. Una vez más, entre los asiduos modales del Ejército se encuentran prácticas como alimentar a los detenidos sólo con agua y pan durante más de 17 días o interrogar a los detenidos con estridentes sesiones musicales que no permitían el sueño de los presos.

Uno de los documentos describía que había casos de detenidos confinados en celdas minúsculas, incluyendo uno que estaba desnudo “porque constantemente se orinaba sobre sí mismo y su ropa”.

A pesar de las evidentes infracciones, uno de los escritos concluía que el trato a los detenidos era erróneo pero no ilegal y basaba los hechos en la falta de directrices y supervisión adecuadas entre los soldados, que en ningún momento ejercieron un abuso deliberado sobre los presos. Quizás por este motivo ningún miembro del Ejército ha sido castigado durante la investigación.

Los dos informes, guardados bajo llave por el Pentágono, vieron la luz pública el pasado viernes cuando, tras una resolución judicial que hacía referencia a la Libertad de Información, la entidad se vio obligada a entregarlos a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Uno de los escritos fue elaborado por el brigadier general Richard Formica, con fecha del 8 de noviembre de 2004 sobre las operaciones en Irak, mientras que el segundo, realizado por su homólogo Charles Jacoby, se centraba en los detenidos en centros de Afganistán.

En realidad, muchos de los incidentes que se plasman en los documentos ya han sido revisados con anterioridad por miembros del Congreso estadounidense, pero ésta es la primera vez que son de dominio público. Pese a su salida a la luz, muchos nombres y localizaciones específicas han sido tachados por razones de seguridad.

Desde ACLU, su abogado, Amrit Singh, dejaba claro que las investigaciones llevadas a cabo por Formica y Jacoby demostraban que el Gobierno no está “tomándose realmente en serio los abusos sobre detenidos en cárceles de Irak y Afganistán”. Además, dejaba claro que la organización cree que Formica sólo ha revisado un mínimo número de casos de los que realmente se llevaron a cabo por parte de las fuerzas especiales. Formica supervisó tres acusaciones de abuso por las fuerzas de operaciones especiales. En ellas encontró indicios que “no coincidían con los principios estipulados por la Convención de Ginebra”, que requiere el trato humano de los presos de guerra.

La sombra de Hadiza
En ninguna de las páginas se tenía constancia sobre otro tipo de prácticas de mayor grado como violaciones, sodomización o violencia. El Pentágono se defendía de las acusaciones y a través de su portavoz, el teniente coronel Mark Ballesteros afirmaba que se han hecho progresos significativos en lo que a combatir abusos se refiere. “Esto demuestra nuestro empeño de ser transparentes e investigar todas las alegaciones de abusos”, aseguraba.

Existen más de 600 investigaciones por incidentes ocurridos en cárceles supervisadas por EE. UU., entre las que se incluyen muertes naturales y asaltos entre los detenidos. Como resultado, 267 soldados han recibido algún tipo de castigo.

Además de los nuevos informes, el Ejército de Estados Unidos se enfrenta a una inspección sobre la masacre que tuvo lugar el 19 de noviembre en la ciudad iraquí de Hadiza.