El Gobierno ha redactado un anteproyecto de Ley del Suelo que, nada menos, pretende expropiar el suelo agrario a precio de tercer mundo. Un suelo que alcanzará después precios de primer mundo, cuando obtenga la correspondiente calificación para otros usos, que a nadie se le escapa serán los de una inminente edificabilidad.

Esta hostilidad contra la actividad agraria es tan criticable como la ruín pretensión de responsabilizar al agricultor del desorbitado precio de los pisos. El agricultor no tiene por qué soportar, por ley, recibir unos precios menores por la enajenación de su patrimonio económico y familiar, máxime cuando se propician grandes beneficios a los promotores de pisos, que trasladan a los futuros compradores de los mismos elevados márgenes empresariales.

La nueva normativa en ciernes no quiere valorar el suelo rústico conforme al valor de mercado, sino calcularlo en base a la rentabilidad de la explotación agraria.

Es evidentemente que, como la rentabilidad de las explotaciones tiende a la baja, por el hundimiento de los precios de sus productos y el aumento de los costes, si sigue adelante la pretensión del Gobierno, los precios de expropiación que obtengan por su tierra los agricultores, que durante décadas y muchas generaciones han mantenido un patrimonio familiar agrario, caerán en picado.

Por ello, el Grupo cooperativo Uteco secundará todas las iniciativas que se emprendan en defensa del patrimonio de los agricultores. No vamos a consentir que se juegue y especule con el patrimonio de los agricultores fijando unos precios irrisorios para que terceras partes obtengan sustanciales lucros por bienes de reciente adquisición con la técnica del “ pelotazo”.

No es justificable defender que el precio de la vivienda dependa directamente del coste del suelo. La fuerza de los hechos son tozudos. Pese al escaso valor del suelo rural, el promotor vende sus viviendas al precio de mercado. De hecho, ya en la actualidad el propietario del campo pierde la sustancial plusvalía que obtienen promotores y constructores, al escapar a la restricción del cálculo de costes y puede “jugar” con el valor de mercado, frente al propietario agrícola que está condenado a vender a un precio tan ruinoso como está siendo en los últimos años la actividad agraria.

El Gobierno tiene la obligación de no perjudicar a determinados sectores para beneficiar a otros, tanto más cuando el sector perjudicado atraviesa una evidente crisis económica y el sector favorecido es quien más beneficios obtiene en Europa. A ello se suma que no se va a obtener el pretendido objetivo de la reducción en los precios de las nuevas viviendas, mientras es seguro que los garantes del mantenimiento del equilibrio ambiental de amplias zonas pueden verse esquilmados a precios sonrojantes.

Tampoco es admisible que se pretenda pagar a precios bajos las expropiaciones de campos para infraestructuras públicas y aludiendo al bien social o al bien común, porque si se trata del bien común, se ha de pagar entre todos, no haciendo que unos, los expropiados, soporten mayores cargas que los demás ciudadanos, al desproveerles de sus propiedades a precios de risa.

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