opinión

TEl anteproyecto de Ley del Suelo, que ya ha aprobado el Consejo de Ministros y entrará pronto en su trámite parlamentario, evidencia una vez más que a los agricultores no se nos tiene en cuenta a la hora de legislar y de imponernos normas que afectan gravemente a nuestras economías.

Si esta ley llega a aprobarse y a aplicarse en los términos del anteproyecto, se cometerá un gravísimo atropello contra los agricultores, que serán claramente los más perjudicados por la normativa, por lo que vamos a pelear hasta el final, llegando incluso, si es el caso, hasta el Tribunal Constitucional, porque entendemos que no es de recibo que en un estado moderno, democrático y socialmente avanzado se pretenda imponer que unos paguen más que otros, desposeyéndolos de lo suyo a precio de ganga.

Lo más grave que vemos en la ‘ley Trujillo’ son los cambios en los métodos de valoración del suelo rural; es decir, la manera en que se pretende determinar la cuantía económica que deberá recibir el agricultor cuando, en su caso, sea expropiado por cualquier Administración pública.

Después de años de lucha para intentar que los precios que se pagan por la expropiación de campos agrícolas se acerquen a los precios de mercado, que es lo justo y lo habitual en cualquier otro orden de la vida, esta nueva ley en ciernes quiere rebajar las cuantías y fijar que las valoraciones se realicen únicamente en función de la rentabilidad agraria de los terrenos, nunca de las expectativas futuras que pueda haber sobre ellos, ni teniendo en cuenta tampoco los precios del mercado libre, los de compraventa de otros campos del entorno.

Esto es un auténtico atropello, y no nos cansaremos de denunciarlo ante todas las instancias. Y no vale que nos hablen de la función social de la propiedad, porque hablan sólo de la función social de nuestra propiedad, no de todas las propiedades.

Nuestra lucha había conseguido que hubiera un acercamiento en las valoraciones de expropiaciones a los precios de mercado, pero sólo una aproximación, y ahora, de forma descarada, quieren tender a reducirlas, como si los agricultores fuésemos monigotes que estamos de prestado y cuando interesa a otros, pueden coger lo nuestro a cambio de una limosnas.

El agricultor nunca ha especulado. Otros son los que le compran, a menudo con información privilegiada y consentida, para especular rápidamente y multiplicar en poco tiempo lo que pagaron. Y luego queda, sin embargo, que el suelo se pone caro por culpa del agricultor. ¡Ya está bien de tanta desfachatez! Del agricultor se han aprovechado continuamente y en ninguna expropiación le han pagado jamás por su tierra el valor de mercado. Que no nos engañen. Lo habitual es expulsar de su tierra al dueño, que nunca puede reponer lo expropiado con lo que le han pagado, Y eso es injusto e inaceptable, y encima lo quieren empeorar.

Creo que lo que intentan es pagar el menor precio posible por el suelo rústico, primando al concesionario que posteriormente construirá sobre ese suelo. Así, el agricultor siempre sale perdiendo. Primero nos condenan a no ganar con nuestras producciones y a entretenernos con promesas de soluciones que no llegan, y después se descuelgan con el argumento de que nos apartar, expropiándonos y pagándonos en base a la rentabilidad, y como es poca, ya intuimos claramente que nos quieren pagar menos aún.

Eso se llama confiscar, porque, que sepamos, ningún agricultor ha ido a que le expropien, no tiene capacidad de elección. Y en una economía de mercado, quien compra paga, y si hay demanda, sube el precio, no baja. Si no quieren, dejen el terreno a su dueño y en todos en paz. ¿Es por el bien de todos?, pues paguemos entre todos lo que vale.

Esperamos que, por una vez, se nos tenga en cuenta y se corrijan los artículos de la ‘ley Trujillo’ que constituyen un auténtico atropello contra los agricultores y el patrimonio de toda su vida. De lo contrario, nos tendrán enfrente, peleando por la defensa de lo nuestro.