Acosada por un masivo movimiento estudiantil que exige cambios, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, emplazó ayer a la oposición derechista en el Congreso a respaldar un proyecto oficial que garantiza el derecho a una educación de calidad y deriva al Estado la responsabilidad del control de calidad. El proyecto, rechazado por la derecha, es una de las promesas hechas por Bachelet a los estudiantes de secundaria, que tienen en jaque al Gobierno socialista desde hace casi un mes.

Tras una jornada de paro nacional en todo el país, los estudiantes se reunieron ayer en asamblea para someter a votación la aparente voluntad reformista del Ejecutivo y definir si levantan o mantienen las medidas de fuerza que se expresan mediante la ocupación de colegios, el paro de actividades y las marchas callejeras. Estas últimas suelen culminar en incidentes con la policía y un elevado número de detenidos. Una manifestación el lunes en Santiago terminó con 439 detenidos y 35 heridos. Algunos activistas protagonizaron refriegas con la Policía y saquearon locales comerciales del centro de la ciudad.

Pero los choques violentos fueron la mínima expresión de un movimiento de un millón de estudiantes, en su mayoría de secundaria, pero también de básica y universitarios. En otras ciudades del norte, centro y sur del país los manifestantes se expresaron en las aulas o en las calles sin violencia.

Los estudiantes exigen una profunda reforma a la Ley de Educación sancionada al final de la dictadura de Pinochet en 1990. Según los alumnos, en esa norma el derecho a la educación quedó subordinado a la libertad de enseñanza.