Permítanme que comience esta tribuna con una afirmación rotunda: desde la entrada en vigor a primeros de este año de la ley para la regulación y control de los productos derivados del tabaco, asistimos al éxito inesperado de una medida que tiene como objetivo mejorar la salud de los ciudadanos españoles, seamos o no fumadores. Desde la perspectiva de un médico de familia, preocupado por las graves y frecuentes consecuencias que tiene para la salud de las personas la adicción al tabaco, los resultados observados hasta la fecha, desactivan todas las amenazas que algunas voces interesadas se ocuparon de difundir durante el periodo de debates en el Parlamento.

Transcurridos cinco meses desde su aplicación hemos de recordar que no se han cumplido ninguna de las catástrofes ni los graves conflictos de orden público que aventuraban sus detractores. Más bien al contrario, en todos los lugares y emplazamientos en los que se ha regulado o prohibido el consumo de tabaco, ha sucedido una fácil y respetuosa convivencia. En estos días podemos comprobar que, por fin, ya nadie fuma en los centros sanitarios o centros docentes. Observamos cómo en los centros públicos se ha dejado de fumar, y es fácil comprobar que, salvo raras excepciones, en los lugares de trabajo se respeta la ley con escrupuloso rigor. En definitiva, se puede asegurar que se han impuesto los valores de la convivencia, y asistimos a un respetuoso cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos.

Es necesario recordar estos días aquellos enardecidos discursos que auguraban graves conflictos sociales. Todos pudimos escuchar cómo los fumadores iban a sentirse acorralados y presos del síndrome de abstinencia por no poder fumar algunos cigarrillos, generando crispación, e incluso, supuestas revueltas sociales. O también, cómo muchas empresas asumirían los riesgos de ruina económica si permitían salir a sus trabajadores a echar un cigarrillo en horario laboral; o cómo los no fumadores se enfrentarían a sus compañeros cuando estos dispusieran de algunos minutos para consumir esos cigarrillos inaplazables. Es bueno recordarlo, porque nada de esto ha sucedido. Aquellas voces defensoras de la maldad de esta ley, que surgieron como portavoces de la libertad de los individuos pero que, en muchas ocasiones, se limitaban a estar al servicio de sus poderosos intereses económicos o sometidas al poder de la adicción al tabaco, erraron en sus pronósticos.

Por el contrario, la aprobación de esta ley ha servido como estímulo y motivación a centenares de miles de fumadores para intentar abandonar el tabaco en estos primeros meses del año, el doble de aquellos que lo intentaron el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Es bueno recordar que en España hay un 31% de personas con adicción al tabaco, de las que un 75% manifiestan de forma reiterada que desean abandonarlo pero que encuentran importantes dificultades para conseguirlo. Desde su aprobación observamos cómo ha desaparecido la publicidad del tabaco, medida fundamental para prevenir el inicio del consumo entre los más jóvenes, ya que en nuestro país son fumadores habituales el 40% de los adolescentes entre 16 y 18 años.

Sin embargo, en estos momentos, las amenazas más importantes que tiene el cumplimiento de esta ley provienen de muchas de nuestras Administraciones públicas, y en especial de las sanitarias. Llama la atención la falta de interés que han demostrado muchos Gobiernos autonómicos y municipales. Desinterés que en ocasiones puede tacharse de irresponsabilidad para garantizar el cumplimiento de algunos de los aspectos de una ley que tiene como objetivo principal prevenir las más de 50.000 muertes al año que el tabaco provoca en nuestro país. Que serían todas evitables si no hubiera fumadores. Son amenazas muy precisas: en muchos de los establecimientos no se cumple la prohibición de venta de tabaco a los menores de 18 años, sin que existan las oportunas sanciones; son muchos los puntos en los que aún se venden cigarrillos sueltos, a pesar de la prohibición expresa incluida en la ley; o atendemos perplejos como algunas Consejerías de Salud, como la Madrid, Comunitat Valenciana, Región de Murcia o La Rioja, intentan modificar la ley, haciéndola más permisiva para el consumo de tabaco.

En estos días se celebra el Día Mundial sin Tabaco, promovido por la OMS, bajo el lema “Tabaco: mortífero en todas sus formas” y en más de 2.000 centros de salud de nuestro país, coincidiendo con la VII Semana sin Humo, se realizan actividades para la prevención y tratamiento del tabaquismo. Los médicos de familia pensamos que los responsables sanitarios han de adoptar de manera prioritaria las siguientes medidas: continuar promoviendo un clima de respeto mutuo entre fumadores y no fumadores, aunque prevaleciendo siempre el respeto y la defensa de la salud; garantizar el cumplimiento de la ley, en especial de los espacios declarados sin humo y en la prohibición de venta de tabaco a los menores de 18 años; facilitar a los fumadores que decidan el abandono de tabaco la financiación de los fármacos que han demostrado su efectividad para dejar de fumar; por último, promover una reforma de la ley para el año 2007, que prohíba el uso de tabaco en todos los espacios compartidos, en especial bares y restaurantes.

Pocas veces tendremos al alcance de nuestras manos poner límite a tanto dolor y sufrimiento.