Las consecuencias de la inseguridad ciudadana que azota la Comunitat Valenciana se dejan sentir ahora con especial fuerza en los supermercados de los barrios periféricos de las ciudades.

Desde hace unos meses, según resaltan fuentes del sector de la seguridad privada, la demanda de sus servicios se ha disparado en los supermercados ubicados en los barrios ante la oleada de robos y pequeños hurtos.

La situación, resaltan las mismas fuentes, ha llegado a tal extremo que estos supermercados se han visto obligados a tomar medidas que hasta hace poco tiempo parecían impensables.

“Hace poco más de un año, estos supermercados no tenían sistemas de vigilancia y ahora no han tenido más remedio que implantarla”, resalta el gerente de Grupo Levantina, José Luis Roberto. “La demanda en establecimientos comerciales en estas zonas se ha multiplicado”, manifiesta. Y el esfuerzo económico que tienen que realizar estos supermercados no es pequeño, especialmente en proporción a sus ingresos. El coste del servicio más básico ronda los cuatro mil euros mensuales.

Por ese precio, un supermercado puede instalar un sistema de cámara (con dos o tres unidades) y un vigilante de seguridad.

Compensa la inversión
“La inversión es alta, pero compensa a las empresas”, señala el jefe de seguridad de una cadena de supermercados alemana. Afirma que “con sólo un vigilante durante tres días incautamos una media de 400 euros en productos que han intentado robar”.

“La media diaria es de unos 60 euros incautados en productos sustraídos”, resalta. Este volumen supone que los vigilantes y policías recuperan 1.500 euros al mes en objetos robados por cada comercio, con un dispositivo de vigilancia de tres días a la semana, la mitad del tiempo que tienen abierto.

El secretario general de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (Avadise), Alfonso Pascual del Campo, avala este hecho y señala que a las empresas “cada vez les es más rentable la instalación de estas medidas de seguridad, algo que hace unos años no se habían planteado.

Pascual del Campo resaltó que la demanda también se ha disparado la demanda de servicios de seguridad para espacios abiertos y para lugares como las bibliotecas públicas, donde hace poco tiempo no eran necesarias este tipo de medidas.

Nuevos métodos
Los asaltos y robos en los supermercados de los barrios periféricos de las grandes ciudades suelen estar protagonizados por pequeños grupos organizados.

No siempre utilizan la violencia, aunque en ocasiones recurren a ella. Habitualmente entran en el establecimiento en grupo y mientras uno de ellos trata de despistar al vigilante o al empleado, el resto se dedica al robo.

El vocal de seguridad de la Federación de Vecinos de Valencia, José Antonio Barba, señala que “datos oficiales no existen o no nos lo dan”. Pero corrobora que en los últimos meses se ha incrementado el número de robos, normalmente de escasa cantidad, en este tipo e establecimientos.

La Asociación de Vecinos de Marchalenes también ha notado este incremento. Un vecino relata que en la avenida Burjassot de Valencia dos agentes de la policía local lograron detener a un asaltante que había entrado en el establecimiento con un carrito con un muñeco y a la salida se le decomisaron “hasta botellas de whisky y todo tipo de productos”.

El gerente de la empresa Chillida en Valencia, Eusebio Ferrer, manifestó que en los últimos meses se ha detectado un incremento en la venta de sistemas de alarmas, aunque manteniendo la tendencia de los últimos dos años.

Los vigilantes de seguridad, por su lado, reclamaron un cambio en la legislación, ya estas circunstancias han dejado en evidencia lagunas legales. Por una parte, exigen más competencias ante la falta de capacidad de actuación policial. Pero, además, exigen que se modifique el código penal.

“Detenemos a una persona, pero al poco tiempo está en la calle”, asegura uno de estos vigilantes. La mayor parte de los delitos por los que se arresta a un ladrón en un supermercado “no supera los 400 euros y por lo tanto se tipifica como hurto y no robo. Esto tiene que cambiar si queremos reducir los delitos”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno resaltaron que no son conscientes de que se haya producido una “situación extraordinaria” en este tipo de superficies.

jsanchis@lasprovincias.es