El Gobierno prepara un decreto para que los empleados públicos, cuya actividad profesional lo permita, puedan ejercer su profesión desde casa, es decir, para el desarrollo del teletrabajo.

El proyecto pretende prolongar y aprovechar el éxito de una experiencia piloto de 30 trabajadores voluntarios del Ministerio de Administraciones Públicas, según informó ayer su titular Jordi Sevilla. Un 31% de los participantes aseguró que su productividad había aumentado, y un 19%, que había mejorado.

Las declaraciones de Sevilla tuvieron lugar en un desayuno informativo, organizado por el Foro de Europa Press. Durante su comparecencia, rechazó que los sindicatos participen (tal y como demandan CC.OO., UGT y CSIF) en la selección y contratación del personal de la administración.

Por el contrario, sí es partidario de que colaboren en la elaboración de los criterios que marcarán los procesos y las evaluaciones. De todas las maneras, no dio por cerrada la cuestión recordó que las negociaciones sobre el borrador del Estatuto Básico del Empleado Público están abiertas.

Sobre los procesos de jubilación anticipada en la Administración General del Estado (AGE), el ministro de Administraciones Públicos explicó que “hay preocupación en otras áreas del gobierno por su coste”. Recordó que el Gabinete es partidario de “restringir” el adelanto de los retiros “en el conjunto del país”.

En junio de 2005 él mismo anunció que unos 25.000 empleados, con edades entre los 58 y los 64 años, podrían acceder a la prejubilación (antes de los 60 años) o a la jubilación anticipada (a partir de los 60 años). Casi un año después y ante la ausencia de medidas que permitan poner en marcha ese plan, Sevilla apuesta porque la AGE sea también “una avanzadilla” en la aplicación de la auténtica “jubilación flexible”.