Los primeros cálculos de las organizaciones de consumidores cifraban en 8.000 el número de valencianos afectados por el fraude. Sin embargo, ayer, con más tiempo para analizar la situación, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Banca y Seguros (Adicae) elevó hasta los 20.000 el número de perjudicados.

Y durante el día de ayer empezaron a movilizarse. Acudieron a las oficinas de Fórum Filatélico, a las asociaciones de consumidores y algunos, los menos, a los juzgados.

En el caso de Adicae, durante el día de ayer se recibieron más de 400 llamadas telefónicas y 120 correos electrónicos de personas que viven en la Comunitat Valenciana que para solicitar información sobre cómo van a desarrollarse los acontecimientos en relación a la investigación.

En estos momentos la información de la que dispone la asociación indica que los clientes de estas empresas han de mantener una “prudente calma” a la espera que se levante el secreto de sumario, aunque deben estar “vigilantes” por si de las conclusiones de la investigación se tuvieran que iniciar prontas actuaciones colectivas.

Esta organización ha empezado ya a organizarse y a organizar a los perjudicados. Para ello ha convocado una serie de asambleas, la primera de las cuales tendrá lugar el próximo lunes en Valencia, a las seis y media de la tarde en la Llogeta. Otras reuniones similares se producirán la próxima semana en Castellón, Alicante y Elx.

Además, la asociación opina que es “arriesgado” afirmar que los inversores no van a poder recuperar su capital con la “poca información disponible” que hay aunque, lo que sí es “evidente”, es que las empresas del sector “van a sufrir un daño irreparable que hipotecará su futuro”, alertó.

Optimismo
Quien quería mantener ayer un mayor optimismo era el máximo responsable de Fórum Filatélico en Valencia, Domingo Roldán Irisarri. Motivos para agarrarse al optimismo no le faltaban ya que admitía en declaraciones a LAS PROVINCIAS que junto con su esposa –también empleada en Fórum– tenía invertidos 600.000 euros en sellos en la propia empresa.

Explicó que su oficina seguía trabajando a pesar de la intervención judicial. Pero admitía que lo único que estaban haciendo era estar atento a las pocas novedades oficiales que tenían y atender a los clientes que se acercaban para pedir explicaciones.

Unos 300 valencianos lo habían hecho entre ayer y el martes, y en todos los casos los empleados de Fórum les habían explicado lo que sabían, que es poco más que el discurso oficial de la compañía de que las inversiones están garantizadas. ‘‘Es que es verdad’’, aseguraba Roldán. ‘‘Cada cliente tiene una referencia y con esa referencia están guardadas sus láminas de sellos’’, prometía.

A la entrada se formaban grupos de personas, entre las que había distintas opiniones ya que mientras un inversor decía que “iba a seguir”, otra cliente expresaba sus temores y por ello había presentado una solicitud para cancelar su inversión, al argumentar que estaba asustada por las informaciones aparecidas.

También otro inversor, con unos ahorros invertidos de 30.000 euros, había acudido para dar su apoyo al director, según dijo, “al igual que antes le había ofrecido su confianza”.

A las puertas de la delegación, dos farolas aparecen ya forradas con carteles de la Unión de Consumidores, que ha convocado para hoy jueves una asamblea informativa para los posibles afectados.

Por otra parte, el teléfono de atención al consumidor de la Dirección General de Consumo de La Generalitat recibe desde ayer llamadas de ciudadanos sobre qué tipos de derechos les asisten y qué actuaciones pueden emprender, aunque no ha atendido ninguna reclamación o denuncia por la presunta estafa.

La demanda de información también se está produciendo en las asociaciones de consumidores, como en la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, donde son continuas las llamadas para realizar consultas sobre la situación de la inversión.

En paralelo, se ha abierto el debate sobre la posible responsabilidad del Estado en este asunto. Algunas organizaciones de consumidores ya han dicho abiertamente que el Gobierno ‘‘esta obligado´’’ a ayudar a los perjudicados por este fraude en inversiones.