El paso del ecuador de la legislatura ha servido, como es habitual, para hacer balances sobre la coyuntura, que esta vez está muy recargada políticamente. Con esta ocasión, los dos principales líderes, Rajoy y Zapatero, han marcado su territorio en sendas entrevistas que son relevantes para entender cabalmente no sólo la marcha del proceso político sino la disposición psicológica de quienes encarnan la dialéctica del poder. En una deportiva escenificación de la paradoja mediática, Zapatero se explayó en El Mundo hace ya días; y el pasado domingo lo hacía Rajoy en el gran rotativo de Polanco, que asimismo incluía en su edición festiva una magnífica entrevista, también reveladora y hasta conmovedora, de María Antonia Iglesias con Manuel Fraga. Es preciso leer y anotar todo este material con cuidado porque en él se han manejado asuntos trascendentes que conviene gestionar con mayor cautela que la aplicada en los dos últimos años.

En la entrevista de Rajoy, ha resurgido un político que hace gala de una plausible moderación, que se impone al conjunto de los planteamientos que se desgranan en la pieza periodística. La clave de las declaraciones aparece cuando el entrevistador le insinúa que se ha radicalizado durante su ejecutoria al frente del PP, a lo que el líder de la oposición se confiesa “una persona moderada, de centro, amigo de los pactos y los acuerdos”, que sin embargo se encuentra profundamente dolido por el trato que su formación ha recibido del adversario: “La reflexión que es bueno hacer es qué ha pasado en los dos últimos años: lo que ha habido –dice– es un intento perfectamente dirigido de marginar al PP de las grandes decisiones nacionales. La decisión de hacer acuerdos con los nacionalismos no la discuto. Salvo en el tema de las reglas de juego, acepto que se pacte hasta la política educativa [...]. Las reglas de juego hay que pactarlas con el gran partido de la oposición. Y se ha hecho un esfuerzo por echar al PP de esos grandes acuerdos, que comenzó con aquel famoso Pacto del Tinell y está por escrito. Y se ha echado al PP del Pacto Antiterrorista, aunque ahora se nos ha intentado recuperar”.

En política, casi nunca las cosas son blancas o negras, y sería sin duda posible replicarle a Rajoy que el Pacto del Tinell no sólo fue fruto de la arbitraria malquerencia de las fuerzas políticas catalanas contra el PP sino la consecuencia de la exasperante arrogancia de Aznar en el último tramo de su doble mandato, que alimentó al radicalismo de Esquerra Republicana y debilitó innecesariamente a CiU durante la última etapa de Pujol. Pero lo escrito está y con el transcurso del tiempo los hitos políticos se desproveen de los abalorios y se sintetizan en lo esencial. Y lo esencial es, en este caso, que aquel Pacto del Tinell, tan dudoso en lo ideológico –la alianza intelectual entre el socialismo y el nacionalismo produce cierta repugnancia a amplios sectores democráticos–, era sencillamente antidemocrático en lo estratégico: no se puede dictar una proscripción arbitraria como la que contenía aquella declaración de intenciones, que pretendía confinar a un partido, el PP, en el ostracismo, apartándolo de la dialéctica, de la posibilidad de participar en la formación compleja de la voluntad general. Algunos portavoces del Partido Socialista ya han reconocido públicamente aquel error pero parece necesario solemnizar la retractación cuanto antes: la relación PP-PSOE no podrá ser plenamente normal si la rectificación no se produce al máximo nivel y con toda explicitud.

Pero una vez resuelto este diferendo previo, Rajoy sigue teniendo razón en su exigencia de participar por sistema en el establecimiento de las reglas del juego. En esto consiste precisamente la médula del espíritu de la Transición, el alma constitucional del 78, compendios de unos valores de reconciliación que partían de la convicción general de que era preciso evitar a toda costa que se reiteraran las condiciones que hicieron posible la guerra civil. En nuestro modelo democrático –que es singular, y no necesariamente idéntico a los de nuestro entorno–, el pueblo soberano exige de forma perceptible que se formalice la “unanimidad en el origen” de que habla Rousseau en su Contrato Social , es decir, el consenso en las reglas de juego. Y la estructura del Estado forma parte de esta categoría esencial, previa, que debe pactarse.

No es, pues, descabellado que, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración del Estatuto catalán –en el que el PP tiene también su cuota de responsabilidad por haberse quedado al margen–, Rajoy proponga una revisión constitucional a posteriori –a posteriori de toda la reforma territorial– para fijar de nuevo y sobre bases amplias la forma y el fondo del Estado de las Autonomías. Es necesario, en efecto, recuperar en común la idea de España mediante un proceso que, para que sea de verdad creativo, ha de realizarse sin dramatismo, sin gritos, sin estridencias, sin espectacularidad: no se trata, ni mucho menos, de reconstruir una España rota sino de recuperar el hilo del progreso en común, sobre el conjunto de los valores colectivos.