Los cálculos de la Fundación Pro-AVE estiman que el retraso en la llegada del tren de alta velocidad representa unas pérdidas económicas para la Comunitat Valenciana de unos 1.000 millones de euros al año. La obra, que se empezó a diseñar en 1998, estará terminada –si todo va bien y no surgen nuevos obstáculos– doce años después. Un plazo a todas luces excesivo para unir la capital de España con una región que se encuentra en los primeros lugares en exportación y en llegada de turistas. Un sinsentido que tiene un altísimo coste. Por eso, la reivindicación debe ser que el AVE esté terminado cuanto antes.