El Gobierno español expresó ayer su “más profunda preocupación” por la información procedente de Bolivia sobre el decreto de Evo Morales. Según el comunicado de la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo español espera que el plazo de 180 días anunciado por el presidente de Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos “abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas, en el que se respeten los intereses de uno y otros y se evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos.

El Gobierno de Zapatero, añade el comunicado, “sigue muy de cerca la situación y seguirá trabajando, en coordinación con el conjunto de países que mantienen las relaciones más intensas con Bolivia, para que se llegue a una solución satisfactoria para las partes”.