Casi cien mil empleados públicos y medio millón de niños no acudieron ayer a sus trabajos y escuelas debido a la crisis que ha obligado al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo, a cerrar gran parte de la Administración por falta de fondos.

Diferentes sindicatos y organizaciones convocaron manifestaciones como preludio a un inminente paro general para exigir al legislativo y al Ejecutivo que se pongan de acuerdo y encuentren una solución a una crisis que supone el cierre de 43 agencias del Gobierno, al menos durante mayo y junio.

Según la Junta de Planificación, la economía puertorriqueña perderá 2.300 millones de dólares por la supresión del pago a los empleados públicos hasta el 30 de junio.

Sólo en el Departamento de Educación la situación ha supuesto el cierre de 1,534 escuelas, que 500.000 alumnos se queden sin clases y que 40.000 maestros y 35.000 empleados administrativos se tengan que acoger a una licencia sin sueldo hasta que comience el próximo año fiscal. La Cámara de Representantes, con mayoría del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), ha aprobado una serie de medidas paliativas que el gobernador, del Partido Popular Democrático (PPD), ha rechazado y calificado de engaños, ilegales o inconstitucionales. El presidente de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, solicitó ayer que se apruebe un adelanto de fondos o un préstamo que permita la reapertura de las escuelas públicas. “Ya el país ha perdido cerca de mil millones, por una peseta –como llaman en Puerto Rico a la moneda estadounidense de 25 centavos– han botado un dólar. Se trata de buscar un remedio que debe ser un préstamo y unas contribuciones a las corporaciones”, dijo Feliciano.

La pasada madrugada, la Cámara baja aprobó autorizar que el Banco Gubernamental de Fomento otorgue un préstamo al Gobierno de 532 millones, cifra que Acevedo rubricaría si se garantizara la devolución con fondos identificados.