El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la nacionalización de los hidrocarburos en una ceremonia realizada en el rico yacimiento de San Alberto, en Caraparí, al sur del país, en tanto que tropas militares tomaron el control de los campos petrolíferos, refinerías y gasolineras en todo el territorio.

De esta manera, el Gobierno exige la producción a la empresas privadas que extraían el crudo en el país. Entre ellas se encuentra la hispano-argentina Repsol YPF.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se hará cargo de los campos, mientras las compañías extranjeras que los operaban deberán regularizar su situación con nuevos contratos en un plazo de 180 días, de acuerdo al decreto, o abandonar el país.

“En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo expresado en el referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales de hidrocarburos del país”, señala el decreto leído por Morales.

“El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”, advirtió la nueva norma legal.

Según datos oficiales, Bolivia –segunda reserva de gas natural de la región– produce 150 millones de metros cúbicos de gas anuales y extrae 3,7millones de barriles de petróleo al día.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país fue el año pasado de unos 9.000 millones de dólares y los ingresos de los sectores petroleros representaron un 15 por ciento del producto, de acuerdo a fuentes oficiales.

Final de los problemas
Morales argumentó que con esta medida se solucionarán los problemas económicos del país, porque se generarán más fuentes de trabajo y porque la medida significa el inicio de una “verdadera nacionalización de los recursos”.

Entre las compañías extranjeras que operan en Bolivia y que se verán afectadas por la disposición se incluyen, además de Repsol, las multinacionales Petrobras (Brasil), British Gas y British Petroleum, de Gran Bretaña, y la francesa Total.

El decreto establece que las firmas petroleras que “realizan actividades de producción de gas y petróleo en Bolivia están obligadas a entregar la propiedad a YPFB y toda la producción de hidrocarburos” a partir del 1 de mayo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos asumirá desde ahora “la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”, agrega.

Morales advirtió que “sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones de esta norma legal, hasta que en un plazo no mayor de 180 días se regularice su actividad mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales”. “Al término de este plazo las compañías que no firmaron sus nuevos contratos no podrán seguir operando en el país”, sentenció.

Según el decreto, la nueva distribución de los ingresos por la producción de hidrocarburos y gas será de un 82 por ciento para el Estado y el restante 18 por ciento para las petroleras que lo exploten, una cifra que Morales consideró que “cubre el costo de operación, de inversiones y utilidades”.

“El Ministerio de Hidrocarburos determinará caso por caso, mediante auditorías las inversiones realizadas por las compañías así como sus amortizaciones, costo de operaciones y rentabilidad obtenida en cada campo petrolífero”, afirma el decreto.