soraya Sáenz de Santamaría llegó a La Moncloa con el curriculum vitae bajo el brazo y Mariano Rajoy la contrató como asesora de su gabinete en la vicepresidencia del Gobierno. Cuando su jefe se convirtió en el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, esta vallisoletana de 35 años se afilió al partido y pasó a engrosar la cantera de una nueva generación de dirigentes populares. Desde el congreso de octubre de 2004, ocupa la Secretaría Ejecutiva de Política Autonómica y Municipal y ahora ha sido encargada de coordinar los programas marco para las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

–¿Estará en el debate electoral la polémica actual sobre el futuro de Navarra?
–Los ciudadanos demandan claridad sobre el alto el fuego de ETA. Es muy preocupante que Batasuna siga insistiendo en el papel de Navarra en este debate. El PP ha dicho claramente que Navarra no puede estar nunca en el tapete de ninguna solución. Hace ya dos años que Rajoy insiste en la necesidad de hacer una reforma de la Constitución para suprimir la disposición transitoria cuarta.

–¿Incluirá la supresión de la transitoria entre los compromisos del programa?
–Desde luego. Es de las primeras reformas constitucionales a las que Rajoy hizo referencia. Se trata de acabar con una situación transitoria que, hoy por hoy, no tiene una correlación con la realidad. Navarra es una comunidad autónoma que, con su sistema institucional y su Ley de Amejoramiento , ha demostrado ser de las más punteras de España. El nivel de bienestar de los ciudadanos y la calidad de sus servicios públicos señalan que es una institución que merece seguir trabajando y desarrollándose tal y como está. Hay que garantizar el futuro de Navarra.

–¿Una disposición transitoria es eternamente aplicable o está acotada su vigencia?
–Ése es un debate jurídico muy amplio. Siempre se ha dicho que las disposiciones transitorias son aplicables en tanto en cuanto se mantenga el statu quo. Creo que el proceso de desarrollo autonómico en Navarra deja bien claro que hay un cambio de circunstancias. Por lo tanto, la seguridad jurídica de todos –navarros y españoles– nos debe llevar a suprimir esa disposición del texto de nuestra Constitución, como también ha dicho el Consejo de Estado.

–¿Pero está vigente mientras no se suprima?
–Eso podría discutirse. Es un debate técnico que daría mucho que hablar a los juristas.

–¿Qué planes tiene para los programas electorales?
–Serán muy participativos y modernos. Vamos a romper moldes a la hora de presentar nuestra oferta. Haremos unos programas muy pegados a la calle, que den respuesta a los problemas de los ciudadanos en su vida diaria y que hablen de cosas inteligibles para todos. Porque, en este país, desde hace dos años estamos sin un Gobierno al que le preocupen los problemas que agobian a los ciudadanos en su vida diaria. Estamos en debates de un corte político que a los ciudadanos no les han preocupado hasta ahora y que les preocupan precisamente a raíz de la intervención del Gobierno.

–¿Las reformas estatutarias son de esos problemas que agobian?
–Hasta ahora, nunca habían preocupado porque en este país se habían hecho con lealtad a la Constitución y el consenso de los dos grandes partidos. Con el debate territorial abierto por Zapatero, los españoles han empezado a preocuparse y él tiene la culpa de que los españoles ahora hablen de los estatutos en el café.

–¿No será que el sistema autonómico empieza a tener problemas?
–El sistema funciona pero el PSOE se está planteando reformar el modelo autonómico e ir hacia fórmulas de corte confederal. El modelo del 78 se está cambiando por otro que no es el que votó la ciudadanía y que, además, es ineficaz y cuestiona la soberanía de las Cortes Generales. El Gobierno debería mirar a Alemania.

–¿En qué clave leerá el PP las elecciones de 2007?
–Los ciudadanos juzgarán la gestión de Zapatero en los comicios autonómicos y municipales. Pero estas elecciones también serán un test para la labor del PP en las autonomías del PP. Demostraremos que somos un partido preparado para gobernar, en el que merece la pena confiar en 2007 y volver a hacerlo en las elecciones generales de 2008.