La UE abrió ayer un nuevo expediente contra la Comunitat y denunció que la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que reemplaza a la cuestionada LRAU, también incumple las directivas de contratación pública. Bruselas da dos meses para ajustar la ley a su normativa, un trámite que, según el Consell, debe cumplir el Gobierno.