A estas horas todavía no he escuchado a nadie pedir una manifestación de protesta contra el olvido que sufren los enfermos mentales en nuestro entorno.

Si lo ocurrido en Massamagrell hubiera tenido relación con la violencia doméstica o hubiera sucedido en un centro de acogida de inmigrantes, seguramente algunos colectivos habrían salido a la calle a exigir de las autoridades más eficacia en la lucha por la dignidad de estas personas, y a toda la sociedad, más compromiso en solucionarlo. E incluso alguien hubiera prometido un Plan integral de algo.

Ciertamente esas protestas serían necesarias y yo me sumaría a ellas, pues solo así se ha conseguido alertar a la sociedad respecto a una gravísima realidad. Pero piense por un momento: ¿recuerda usted la fecha del Día de la Mujer Trabajadora? Sí, claro, el 8 de marzo, todos los medios lo comentan. Pero ¿y la fecha del Día de la Salud Mental?

Lo que debe denunciarse es la doble discriminación que sufren quienes, no teniendo un grupo de presión que alce la voz en su nombre, están más olvidados que los que sí lo tienen. Para todos es necesario el esfuerzo cole+ctivo pero si en la vida es bueno tener “padrinos”, en la opinión pública, es bueno tener un lobby. De lo contrario, no solo se vive una situación difícil sino que la soluciones quedan lejanas porque la sociedad no presiona lo suficiente y ellos no están en situación de hacerlo. En ese caso están los enfermos mentales, los ancianos o los enfermos de enfermedades minoritarias cuya investigación no resulta rentable.

Son colectivos olvidados hasta en la demagogia política. A ellos no se les promete nada porque son grupos reducidos o porque no se cuenta con su voto ni con su consumo. Son lo que se dice “de perfil bajo” en rentabilidad electoral o comercial, a diferencia de las mujeres, los inmigrantes o los gays.

Por eso el Gobierno Camps no se siente tambalear por los reiterados sucesos en residencias valencianas como tampoco la oposición se acuerda del tema habiendo un techo electoral que discutir en el Estatut. No sirve el disfraz de “social” planteando la cuestión como arma de desgaste político al focalizar el problema en las inspecciones. Aunque necesarias, la oposición debe poner sobre la mesa estas cuestiones y, además, pelear con la misma virulencia con la que ha luchado por el Estatut.