Sus cuentas, propiedades y todo su patrimonio, inmovilizados por orden judicial. Esta es una de las consecuencias derivadas de la investigación que el juzgado de instrucción número nueve de Valencia ha abierto sobre un conocido asesor fiscal y su esposa, acusados de apropiarse de 1,2 millones de euros del Registro Mercantil.

Así lo confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia, quienes indicaron que una denuncia de los cuatro registradores de la institución mercantil dio inicio a la instrucción judicial.

El asesor fiscal y abogado –Rafael A. G.– y su mujer ya han declarado como imputados por una supuesta apropiación indebida.

Los registradores mercantiles acusaron a su asesor fiscal de apropiarse del dinero destinado a rehabilitar su nueva sede, en la Gran Vía Marqués del Turia.

Movimientos bancarios
El juzgado ha practicado ya dos pruebas periciales solicitadas por la acusación particular, integrada por los cuatro registradores mercantiles.

El proceso está a la espera de una nueva prueba contable ordenada por el propio juzgado, con tal de rastrear los posibles movimientos de dinero en las cuentas bancarias de los dos imputados.