El secretario de Medio Ambiente del PSPV y alcalde de l’Alcúdia, Francesc Signes, denunció ayer que la aprobación, por parte de la Diputación de Valencia, de la ampliación de la planta de basura de Guadassuar ‘‘agrava la situación actual de ilegalidad de la instalación’’, reconocida por el propio ingeniero municipal de Guadassuar.

Signes recordó que el diputado de Medio Ambiente, en su día, afirmó que no se trataba de una ampliación de las instalaciones, pero lo cierto es que se construyen unas nuevas dependencias con lo que pasa de una capacidad de 160.000 toneladas al año a 185.000 toneladas, ‘‘que continúa siendo muy inferior a las cantidades que se están recibiendo’’.

El alcalde de l’Alcúdia explicó que en 2003 la planta recibió 230.00 toneladas al año por lo que el ingeniero de Guadassuar pidió al alcalde que paralizase la actividad.

Signes incidió también en que el acuerdo de la Diputación va a suponer ‘‘un elevado incremento, cercano a los 2,17 euros por tonelada para sufragar los 6,5 millones de euros que va a suponer esta inversión.

Dicho incremento de costes ‘‘no hace más que añadirse a los elevados aumentos que la tasa que cobra la Diputación a los ayuntamientos’’. Además de las ‘‘graves molestias’’ que ocasiona esta instalación, Francesc Signes recalcó que, después de la constitución del Consorcio, la Diputación ‘‘carece de competencia alguna en materias que le son propias del proyecto de gestión’’.

Desde EU se lamentó que con la aprobación de la ampliación se ‘‘menosprecia las demandas del Ayuntamiento de l’Alcúdia’’. El portavoz, Paco Sanz, recalcó que la instalación está a menos de 800 metros del núcleo urbano de Montortal.