La decisión de los Príncipes de Asturias de congelar células madre del cordón umbilical de la infanta Leonor en un banco de sangre de Tucson (Arizona, EE UU) no influirá en el futuro desarrollo del proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que está preparando el Ministerio de Sanidad. Así lo confirmó ayer la titular del Departamento, Elena Salgado, que argumentó que los gobiernos “hacen las normativas de acuerdo con el interés general”.

La ministra, que acudió a la inauguración del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, descartó valorar la decisión de “una familia” y anunció que en los próximos meses “habrá un decreto” que regule el funcionamiento de este tipo de iniciativas.

El Gobierno ha hecho suyas las afirmaciones de Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha manifestado en repetidas ocasiones que esta actividad “choca con el sistema de trasplantes establecido en España”.

Según el experto, que ha cargado duramente contra los bancos de sangre privados, las donaciones “no deben ser dirigidas a una persona determinada, sino a un bien común”. Sobre este mismo pilar se vertebra el discurso de Sanidad, que considera «ilegal» congelar y conservar la sangre del cordón umbilical de un bebé en beneficio propio porque «contradice el espíritu no lucrativo» de la Ley de Trasplantes en vigor.

La nueva norma que está ultimando el departamento de Salgado no prohibirá expresamente el uso personalizado de las células madre de cordón umbilical, aunque lo impedirá en la práctica. La razón es que la directiva europea impone que toda actividad de donación y trasplante se realice sin ánimo de lucro. Es decir, nada de iniciativas privadas en este campo de la genética.

Con este panorama, cientos de españoles optan por firmar un contrato con empresas extranjeras para que custodien el material genético de sus hijos. Los padres del bebé lo consideran una especie de ‘seguro de vida’ que suscriben por un precio que oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros.

Llegado el caso –el plazo máximo de almacenamiento es de 20 años–, las células del cordón umbilical se descongelarían y se emplearían en el tratamiento de posibles enfermedades.

Sin impedimento legal
Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), lamentó ayer que los españoles tengan que enviar a una empresa extranjera el cordón umbilical de sus hijos en lugar de conservarlo en su país. Según Palacios, “no hay ningún impedimento legal” para que una firma privada ofrezca este tipo de servicios en España.

El experto, que se ampara en el Real Decreto 411/1996 –relativo a la regulación de las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos–, sostiene que “son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de autorizar o denegar la creación de un centro de estas características, sea de carácter público o privado”.

Quizás la incompatibilidad de criterios reside en la diferencia que existe entre dos términos muy dispares: mientras que Sanidad habla de “donaciones”, Marcelino Palacios prefiere usar el término “depósitos”. “En el caso de los cordones umbilicales no podemos hablar de donaciones. Son depósitos y una persona puede hacer con ellos lo que quiera”.

El hecho es que en España no existen bancos privados de sangre de cordón umbilical, pero sí públicos. Son seis: los de Barcelona, Málaga, Madrid, Galicia, Valencia y Canarias.