La polémica en torno a la refundición de las penas que pesan sobre los presos de ETA y la comparecencia de ayer del presidente Rodríguez Zapatero muestran que la política frente al terrorismo oscila entre la esperanza, la confusión y la inquietud. El anuncio de la excarcelación de condenados por múltiples delitos de sangre ha suscitado incomprensión y disgusto en amplios sectores de la opinión pública, así como un dolor añadido en aquellos que más han padecido y siguen padeciendo el acoso terrorista.

El presidente incurre en un riesgo innecesario para el Estado al no imputar explícitamente a ETA toda la carga de la prueba sobre sus esperanzadoras convicciones. Su propio optimismo denota la suficiente incertidumbre como para que la cautela se imponga al entusiasmo. Sería una grave equivocación que se convirtiera la suerte de los presos condenados por delitos de terrorismo en pretendido estímulo para intentar que los terroristas renuncien a la violencia. Ello no sólo pondría en entredicho la credibilidad del Estado de Derecho ante los ciudadanos y su solidez ante los propios terroristas. Además representaría un movimiento tan temerario que bien podría acabar frustrando las expectativas que el socialismo gobernante está comprometido en alimentar.

Porque si la realidad más indiscutible es que ETA sigue existiendo y cometiendo atentados, hay otra realidad aún más descorazonadora: la constatación de que los terroristas condenados, lejos de arrepentirse o asumir su culpa, persisten en la cruel jactancia de considerar los asesinatos cometidos como el cumplimiento de una misión al servicio del pueblo vasco.

No tiene sentido dirimir, a estas alturas, cuál de los dos partidos que suscribieron el Pacto Antiterrorista, el PSOE o el PP, es más culpable de la ruptura de la confianza entre Gobierno y oposición en esta materia tan delicada. Pero es necesario referirse a la responsabilidad que afecta a ambos. Resulta lícito demandar al PP que atempere su actitud evitando condenar a un Gobierno legítimo en un juicio de intenciones que en nada ayuda al anhelo común de alcanzar la paz mediante la derrota del terrorismo. Como resulta obligado recordar al Gobierno que es a él al que más afecta la responsabilidad de procurar el máximo acuerdo posible con la oposición. Por eso, no resulta fácil comprender por qué no da cuenta de los datos de que dispone a Rajoy. Mantener informada a la oposición es la mejor manera de compartir la responsabilidad en materia antiterrorista.