Serían pequeños municipios como Puebla de San Miguel o Lloc Nou de la Corona en Valencia, Almudaina o Famorca en Alicante, Villamalur y otros 17 pueblos de Castellón.

Las 49 valencianas asesinadas por su pareja o su ex compañero, esposo, novio o amante entre los años 2000 y 2005 suman la misma cantidad de mujeres que casi una treintena de poblaciones valencianas.

Los habitantes de cinco pueblos de la Comunidad se habrían extinguido. Sempere, Tollos, Castell de Cabres, Fuente la Reina y Palanques no llegan a 50 vecinos, entre hombre y mujeres.

La Comunidad Valenciana se ha destacado en los últimos años como una de las autonomías con más casos de violencia doméstica con resultado de muerte. Año tras año se sitúa entre los tres primeros puestos en número total de víctimas, alternando con Andalucía y, en ocasiones, con Cataluña. El año pasado fue la primera con 9 ó 10 víctimas, según la fuentes.

El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia tiene registrados 49 “femicidios” entre 2000 y 2005. El Instituto de la Mujer elevaría la cifra valenciana a 51 asesinatos (10 el año pasado). La Red Feminista hablaría de 60.

Hasta hace poco apenas se le daba importancia a estos crímenes. De algunas víctimas nunca llegó a conocerse su nombre.

En términos relativos –la cantidad de víctimas mortales según la población total de mujeres–, la Comunidad siempre está entre las cinco primeras. Sólo Canarias y Baleares superan las tasas valencianas.

Riesgo para comunitarias
Estas tres regiones, según José Sanmartín, director del Centro Reina Sofía, tienen una peculiaridad respecto al resto de España: “Tres autonomías muy vinculadas al ocio presentan las tasas más altas”.

Además, en la Comunidad Valenciana se produce “una característica inusual”: el elevado número de víctimas mortales de la Unión Europea, “lo que no significa, ni mucho menos, que la violencia es por culpa de los extranjeros, porque los asesinos son tanto españoles como comunitarios”, puntualizó Sanmartín.

En la Comunidad, sólo hay un 6% de mujeres extranjeras. En Alicante, por ejemplo, la mitad de víctimas son europeas y la mitad, españolas. En el resto del país, la proporción se aleja mucho: el 67% son de otro país y el 33%, nacionales.

El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, visitó anteayer Valencia y, cuando se le pregunta por la alta incidencia de europeas asesinadas por su pareja tuerce el gesto y no esconde su preocupación.

Desde el año 2000, 15 extranjeras han muerto en la Comunidad, a manos de su compañero. Eran belgas, irlandesas, brasileñas y de otros países como Alemania, Ucrania, Reino Unido o Ecuador.

Expertos consultados, como Sanmartín y Alicia Gil (de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón), coinciden en que a la desprotección de las víctimas españolas se suma un riesgo mayor entre las extranjeras. El agresor puede pensar que ella es más débil fuera de su país o que no va a denunciar por miedo a ser repatriada.

El análisis del Centro Reina Sofía de los asesinatos de 2005, aún no hecho público, confirma algunos aspectos que ya se perfilaban: cada vez hay víctimas más jóvenes. El año pasado en la Comunidad: dos de sólo 23 años, una de 24 y otra de 25. En 2004, aún hubo alguna más joven: Carla, de 18 años.

Mientras el número de víctimas no desciende, la Administración se dedica a “gastar el dinero en campaña propagandísticas”, según lamentó esta semana la Plataforma Feminista. La Generalitat reaccionó destacando que desde 1995 se han invertido 36 millones de euros para combatir esta violencia.

Ayer, la fiscal de violencia doméstica Rosa María Guiralt destacó el papel de las Fuerzas de Seguridad. “Su declaración es fundamental, pues son los primeros que atienden a las víctimas y aportan pruebas como el estado de la casa y si hay signos de lucha”, indicó.