A nadie debería extrañarle que las organizaciones agrarias valencianas mantengamos un diálogo fluido y constante, con reuniones periódicas, para analizar la situación de crisis de precios que tiene el campo, entre otros temas prioritarios, y concretemos posibles acciones conjuntas, como llevamos haciendo en los últimos meses. Nuestro objetivo es lograr que las Administraciones, tanto nacional como autonómica, atiendan nuestras reivindicaciones y den una solución a los problemas del sector, tanto en cuestiones de precios, márgenes comerciales abusivos, seguro agrario, fiscalidad y problemas de plagas, entre otros. Por ello, queremos mantener próximamente diferentes reuniones, comenzando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para trasladarle, por boca de los representantes de los agricultores, la situación límite que viven los productores valencianos de forma generalizada y revisar, así mismo, los compromisos adquiridos por la Administración autonómica tras la manifestación celebrada el pasado 5 de marzo en Valencia. Un encuentro de trabajo, como los que pretendemos tener también con el conseller de Agricultura, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el secretario general del Ministerio de Agricultura, para tomar el pulso a los problemas actuales del sector agrario valenciano y concretar posibles soluciones y líneas de actuación, según los compromisos adquiridos por cada uno de ellos.

Considero fundamental que se mantenga un diálogo constante entre los propios representantes de los agricultores, como somos las organizaciones profesionales agrarias, pero también con las distintas instituciones o entidades agrarias, económicas y sociales, así como con las distintas Administraciones, para cambiar impresiones para saber dónde está cada uno, cuál es el nivel de compromiso adquirido y qué camino seguir. En una palabra, tener una actitud proactiva ante los problemas y no reactiva.

Eso es precisamente lo que estamos haciendo en ASAJA a nivel nacional, en otro orden de cosas, al intentar adelantarnos a los problemas que sabemos que vamos a tener los productores de frutas y hortalizas europeos, fundamentalmente, en 2010, cuando se lleve a cabo definitivamente el proceso de liberalización total comercial entre la UE y los países ribereños del Mediterráneo. De hecho, desde que se inició este proceso de liberalización, a raíz de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona de 1995, no se ha logrado el objetivo de aumentar las rentas de estos países extracomunitarios que comparten el Mare Nostrum, muy al contrario, pues la brecha respecto a los Estados miembros se ha incrementado exponencialmente.

Sin embargo, los hortofruticultores europeos sí que hemos acusado este aumento de importaciones agrarias en condiciones especialmente ventajosas, sin que la UE haya tenido en cuenta nuestra preferencia comunitaria como Estados miembros, ni le preocupe nuestra merma de competitividad ante costes comerciales y laborales de dumping social, imposibles de asumir por el estado del bienestar por el que todos hemos luchamos en la UE. A la Comisión Europea sólo parece preocuparle que la balanza comercial con estos países sea ventajosa para sus arcas, a pesar de ser a costa de un colectivo como los productores de agricultura mediterránea, como España, Portugal, Francia, Italia o Grecia, entre otros.

Afortunadamente ya hemos iniciado contactos y concretado actuaciones, a nivel de ASAJA, con representantes de las cámaras agrarias francesas para crear un frente común en este tema, pues no vamos a aceptar, sin compensaciones, que este proceso de liberalización comercial que parece imparable vaya a ser a costa del sacrificio de millones de productores europeos. Por ello, proponemos reunirnos todas las organizaciones agrarias del Mediterráneo europeo con todos los europarlamentarios para informarles del impacto de la creación de la zona de libre comercio euromediterráneo, sensibilizarles del problema y solicitar un informe del Parlamento Europeo, como órgano consultivo de la Comisión, favorable a los intereses de los agricultores mediterráneos, con compensaciones para paliar los perjuicios que estamos teniendo y tendremos en el futuro cuando esta liberalización comercial sea total.

Además, consideramos prioritario que se ponga en marcha una contramarca que identifique perfectamente ante los consumidores el origen de los productos agrarios que compran para evitar confusiones.

No es que queramos ponerle barreras al campo, o a la liberalización y globalización económica, sino que todos, incluida la Comisión Europea, tenemos que ser conscientes de cuál es el coste del mismo, que ya nos está dejando problemas de plagas e inmigración ilegal; quién lo va a pagar, y si los consumidores comunitarios están dispuestos a renunciar a la calidad y seguridad alimentaria de los productos agrarios mediterráneos de la UE.