Sólo in extremis y de madrugada, PP y PSOE consiguieron anteanoche salvar el consenso sobre el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que, aunque logrado hace meses, ha estado a punto de quebrarse por la pretensión socialista de modificarlo en dos aspectos teóricamente secundarios pero de indudable calado político: la consideración de la lengua valenciana y la frontera del 5% de los votos para obtener representación parlamentaria, que los socialistas, mejor relacionados con las minorías que el PP en todo el Estado, querían ahora reducir al 3%. Finalmente, el acuerdo se ha salvado mediante la introducción en el Estatuto de un único cambio: el mencionado límite porcentual será omitido del texto y trasladado a la ley electoral.

La consecución del acuerdo trasciende, claramente, de su propia significación toda vez que indica, primero, que PP y PSOE, pese a la hostilidad que se profesan, a la ruptura dramática de todos los puentes y a la extravagancia de las armas con que contienden últimamente en la lid política, mantienen todavía una fecunda capacidad de interlocución y cierta capacidad de acuerdo. Y, segundo, porque parece pervivir el buen sentido necesario para continuar alentando la tesis de que en los asuntos de carácter fundacional del propio sistema político, y en concreto en los relacionados con la estructura del Estado, el consenso entre las dos grandes fuerzas es obligado e indispensable. Y es por ello exigido por un sector muy mayoritario de la opinión pública.

Así las cosas, cuando acaba de darse este paso relevante en la reforma del primer Estatuto de una comunidad ‘no histórica’ que se revisa, es llegado el momento de abordar la reforma del Estatuto de Cataluña, cuestión donde además de no existir acuerdo PP-PSOE, se ha escenificado el disenso con gran acritud. Con todo, y aunque la confrontación, planteada en términos energuménicos, continúa siendo el eje de la política actual, es claro que la situación ha experimentado en los últimos días deslizamientos que nadie puede desconocer, y que con seguridad advierten mejor que nadie Rubalcaba y Zaplana, que ayer mantuvieron un primer contacto sobre el particular. Y precisamente ayer los medios de comunicación informaban de que el portavoz parlamentario del PP iba a entregar al del PSOE un listado de las “diez líneas rojas” que su partido no está dispuesto a traspasar en la negociación del Estatuto catalán, a la vez que incluían otra noticia bien significativa: ERC ha denunciado el recorte de hasta 116 puntos del Estatuto original surgido del ‘Parlament’ de Cataluña.

Formalizado el acuerdo entre CiU y el Gobierno sobre el ‘Estatut’ y expulsada ERC del consenso catalán, no sólo han desaparecido los principales motivos de inconstitucionalidad que presentaba claramente el proyecto estatutario sino que ha cambiado el planteamiento: nadie pretende ya burlar expresamente la Constitución o traspasarla mediante subterfugios, sino apenas explorar sus límites para desarrollar en lo posible sus potencialidades. Y la mejor prueba de que se ha producido una muy relevante mudanza es que las diez “líneas rojas” del PP, perfectamente razonables, ya no son antagónicas de la propuesta reformada por referido pacto Zapatero-Mas. La lectura atenta de este ‘decálogo’ pone de manifiesto, si se hace abstracción del tono airado, que la posición popular no es objetable porque marca precisamente las lindes constitucionales que no se pueden traspasar.

En efecto, el PP se opone a otorgar a Cataluña el título de nación, considera a Cataluña una autonomía más del régimen general en lo referente a la financiación, niega cualquier planteamiento asimétrico o de bilateralidad, se opone a modificar el actual equilibrio lingüístico, se opone al ‘blindaje’ de competencias, no reconoce los derechos históricos de Cataluña como “fuente de legitimación de la soberanía”, reprocha y combate el “intervencionismo” excesivo y no es partidario de incluir un catálogo de derechos y deberes distinto del que establece la Constitución. Salvo en este último punto, que es inocuo y en el que sin duda el PP también acierta, en todos los demás su posición es sustancialmente coincidente con la del PSOE y el Gobierno, aunque para conseguir un amplio pacto quizá convenga enunciar las posiciones propias con menos agresividad.

En definitiva, no hay obstáculos significativos para que el ‘método valenciano’ de consenso PP-PSOE no se utilice también Cataluña, incluyendo por supuesto a CiU en el pacto. Para conseguirlo, bastaría con sentarse a hablar y, evidentemente, con renunciar a priori a utilizar el debate territorial como arma de confrontación. Después de todo, las encuestas de estos meses deberían haber convencido a los dos grandes partidos de que ninguno de los dos se beneficia realmente de la dura contienda que han representado, ante el desagrado manifiesto, constatable, de la ciudadanía.