La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que sustituye a la Ley de Calidad, está a punto de ser publicada para su entrada en vigor el próximo curso escolar. Sin embargo, las voces en contra de la misma no se han acallado.

La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), junto con sindicatos de profesores y organizaciones de familia, está preparando nuevas protesta por la insatisfacción que les produce el texto final de la nueva normativa escolar.

El rechazo a la LOE se contempla a nivel nacional, ya que se ha iniciado una campaña informativa en toda España para dar a conocer en los centros escolares las consecuencias de la aplicación de la Ley de Educación.

Guillermo Pérez, presidente de los padres católicos de la Comunidad Valenciana, señaló a LAS PROVINCIAS que el descontento con el texto del proyecto es generalizado ya que no recoge que la asignatura de Religión tenga validez académica y tampoco cuenta con una asignatura alternativa en el horario escolar.

Enseñanzas mínimas
Asimismo, reclaman que se contemple unas enseñanzas mínimas comunes del 55% en las comunidades autónomas con lengua cooficial y del 65% en las que no cuenten con otra lengua. Otro de los aspectos que no comparten es la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El rechazo a la LOE se va a traducir en diversos actos de protesta. En una primera fase, que se inicia esta semana, se realizarán unas jornadas informativas a las asociaciones de padres centradas en el contenido del proyecto de ley. “Queremos que las familias sepan qué es esta nueva normativa, qué significa y qué consecuencias tendrá su aplicación”, indicó Guillermo Pérez.

Pero la campaña de rechazo a la LOE por parte de estas organizaciones tiene una segunda fase que, con toda probabilidad, consistirá en manifestaciones durante febrero.

Respecto a las conversaciones que la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ha mantenido con el Gobierno central, el representante autonómico de los padres católicos confirmó el “desencuentro” que hay entre ambas organizaciones.

Reuniones “inadecuadas”
En opinión de Guillermo Pérez, estas reuniones han sido “inadecuadas e inoportunas”. Añadió que las conversaciones con el Gobierno “han conseguido perjudicar la ley”, como la inclusión en el nuevo texto de que los centros “no podrán recibir cantidades económicas de los padres”.

Otro asunto que también preocupa a los padres es la inclusión en los consejos escolares de un concejal del Ayuntamiento donde se encuentre ubicado el centro escolar.