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Todos los agricultores de la Albufera reprueban la gestión del Consell

Los agricultores de la Albufera reprueban la gestión del Consell
  • La Junta de Desagüe aprueba por unanimidad rechazar las decisiones de Medio Ambiente con el agua del lago y pide que no haya injerencias

La Junta de Desagüe de la Albufera votó ayer por unanimidad la reprobación de la gestión de la Conselleria de Medio Ambiente en el parque natural, en concreto en la persona de su directora, Paloma Mateache, de quien en el discurso previo el secretario de la entidad, José Fortea, dijo que se reservan solicitar su cese como máxima responsable del humedal de Valencia. Todos defendieron la autonomía y capacidad de los agricultores para decidir el nivel de agua y la apetura de las compuertas del lago, frente al propósito de la Generalitat y el Ayuntamiento de intervenir.

Votaron todos a favor de la reprobación excepto el presidente de la entidad, el concejal de Devesa-lbufera, Sergi Campillo, quien dijo después de la asamblea que lo había hecho por «lealtad institucional», para opinar que el conflicto se basa en problemas de «comunicación que reales que no se puedan resolver».

La asamblea anual duró dos horas y fue seguramente la de mayor asistencia que se recuerda. El hemiciclo del Ayuntamiento estaba a rebosar y Campillo calculó que habían acudido 150 personas. La cuestión de fondo era la gestión de las compuertas de las golas del lago, sujetas a unas medidas cautelares impuestos por la fiscalía tras una denuncia.

En una propuesta anterior, el secretario también pasó a votación la petición de que no haya «injerencias externas» sobre la gestión del caudal del lago y la apertura de las compuertas, tras recordar que la entidad es «más que centenaria» y lo que consideró «ataques sufridos». Observó que la gestión por parte de la Junta ha sido la «adecuada para la conservación del parque natural» y pidió a los comuneros que apoyaran la petición de que la entidad siga manteniendo esta competencia como asociación jurídica de carácter propio.

En esta ocasión se votó por unanimidad salvo por una excepción. Campillo se abstuvo y pidió hasta la saciedad en el turno del informe de Presidencia que debe imperar el diálogo. «No son intereses tan incompatibles», dijo, aunque reiteró que el sistema de gestión de las compuertas «ha de cambiar», en referencia a las medidas definitivas.

La crisis ha llegado por dos motivos: el primero la citada denuncia que llevó a la fiscalía a pedir medidas provisionales. El segundo, la intención declarada y reiterada ayer mismo por Campillo de modificar las normas de gestión de apertura de las compuertas, basadas ahora en la tradición y la experiencia de los responsables de la Junta, que manejan la salida de caudal por las tres golas de la Albufera.

Entre las medidas provisionales, está que durante los meses de cultivo el nivel del agua debe estar 12 centímetros por encima de la cota cero, mientras que en la perellonà debe ser de 30 centímetros. El uso de las bombas se deja sólo para cuando haya riesgo de una fuerte entrada de agua en el lago.

Campillo comentó que la fiscalía ha dicho ya dos veces que la Administración pública debe intervenir directamente en la gestión de las compuertas: «eso es inevitable y sería un mentiroso si no lo dijera claramente aquí», afirmó el edil.

Acudieron agricultores y representantes de asociaciones y sindicatos agrarios de los ocho municipios que tienen arrozales en el parque natural. A lo largo de la maratoniana sesión se recordaron aspectos como los niveles del agua el pasado enero, así como lo ocurrido con los últimos temporales, cuando entró más caudal del esperado por las escorrentías de los barrancos.

«El arroz determina la gestión del parque, no lo pongo en duda», dijo Campillo, aunque matizando que la gestión «de las compuertas no puede ser igual que hace 50 años». Habló de la nueva legislación estatal y autonómica, la formación de los parques naturales y hasta de la Constitución, para acabar subrayando que deberá tenerse en cuenta en el futuro «las variables ambientales».

Encontrar una gestión que conjuge los intereses de los agricultores y los ecologistas fue ayer, al menos según lo escuchado en la asamblea, un imposible. El representante de la sectorial del arroz en la Asociación Valenciana de Agricultores, Miguel Minguet, dijo estar de acuerdo en «renovarse, pero sin perder cosas». No estuvo de acuerdo en las referencias de que la Junta de Desagüe es preconstitucional: «el Tribunal de las Aguas lo es también».

Minguet señaló que el hemiciclo estaba lleno de agricultores porque «estamos muy preocupados, no es un día cualquiera. Hemos pedido la gestiór por unanimidad y hemos venido por los ataques a la institución». Aceptó la afirmación de Campillo de que se trata de una «persona de diálogo», aunque le recriminó que en este punto «debería tener una postura más clara. No reprueba la gestión de Mateache y dice luego que el arroz es fundamental».

Se pasaron tres puntos a votación, los dos citados y un manifiesto a favor de la actividad agrícola como beneficiosa para el parque. «La Albufera no peligra por la cantidad de agua que falta sino por la calidad», leyó Fortea, por la necesidad de mejorar la depuración de las aguas residuales y evitar vertidos al humedal. Habló de «fundamentalismo» y «pretensiones equivocadas» por parte de la directora del parque.